Ley 160 -23 de diciembre de 2013

(P. de la C. 1589)

 

 

LEY

 

Para establecer la “Ley del Sistema de Retiro para Maestros del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”; para derogar la Ley 91-2004, según enmendada, conocida como la “Ley del Sistema de Retiro para Maestros del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”; derogar la Ley 38-2001, según enmendada; derogar la Ley 162-2003, según enmendada; derogar la Ley Núm. 49 de 23 de mayo de 1980, según enmendada; y para otros fines relacionados. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 

La educación es la base del futuro de toda sociedad. Mediante la educación se logra inculcar de conocimiento, experiencias y valores a los seres que dirigirán el país. La sección 5 del Artículo II de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico establece que toda persona tiene derecho a una educación que propenda al pleno desarrollo de su personalidad y al fortalecimiento del respeto de los derechos del ser humano y de las libertades fundamentales.  Por tanto, el gobierno tiene la responsabilidad de proveer las herramientas adecuadas para garantizar una enseñanza pública de calidad.

 

El maestro, como eje de enseñanza, es el profesional a cargo de la labor más trascendental en la vida de sus alumnos; la influencia de su impacto perdura para siempre. La clase magisterial tiene en sus manos la prosperidad de todo un país.  Por eso, el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico está comprometido con hacer todo lo necesario para protegerlos y proveerles un retiro digno, meritorio por los años de enseñanza dedicados al pueblo puertorriqueño.

 

Actualmente, el Sistema de Retiro para Maestros (el “Sistema de Maestros” o el “Sistema”), atraviesa una crisis financiera que amenaza con dejarlo sin fondos suficientes para cumplir con sus obligaciones, actuales y futuras, con los maestros de nuestro sistema público de enseñanza y los empleados y participantes del Sistema (en adelante “maestros”).  Dicho Sistema carga con un déficit actuarial[1] que amenaza el pago de las pensiones de nuestros maestros y la estabilidad fiscal del país.  Al 30 de junio de 2012, dicho déficit ascendía a aproximadamente $10,251 millones, conforme al informe actuarial más reciente.  Se proyecta que para cumplir con sus obligaciones de pago de pensión a los maestros retirados por los próximos años, el Gobierno tendría que inyectarle anualmente sobre $736[2]millones al Sistema por la vida del mismo -cuantía que continuará aumentando en años venideros- debido a que la deuda actuarial acumulada se espera que crezca indefinidamente de no hacerse cambios. 

 

De no actuarse con premura, el Sistema de Maestros se quedará sin dinero para cumplir sus obligaciones, incluyendo el pago de pensiones a los maestros ya retirados, tan pronto como en el año fiscal 2020.  Ello se debe a que, al 30 de junio de 2013, el Fondo de Anualidades y Pensiones para Maestros (el “Fondo”) se encuentra en un estado de madurez avanzada, ya que cuenta con una población considerable de pensionados (37,996), en comparación con los participantes activos (41,973), según los datos recopilados por el propio Sistema.  Igualmente, los pagos de pensiones y gastos administrativos del Fondo son significativamente mayores que los ingresos por concepto de aportaciones patronales e individuales, lo que hace necesario utilizar el rendimiento de las inversiones y  los activos del Fondo mismo para pagar los beneficios de pensión. De hecho, al  30 de junio de 2012, la cobertura actuarial (proporción de activos netos a obligaciones) del Sistema de Maestros era de apenas 17% lo que significa que, a esa fecha, el Sistema de Maestros contaba con sólo 17 centavos de cada dólar necesario para pagar las pensiones de los maestros retirados.  Ello contrasta con la información provista por firmas independientes en los Estados Unidos, que indica que al 30 de junio de 2012 la cobertura actuarial promedio de los sistemas de retiro estatales alcanzaba el 72.5%, muy por encima de la cobertura actuarial del Sistema.  Aunque la cobertura actuarial es mayor a la que tenía el Sistema de Empleados Públicos previo a la aprobación de la Ley 3-2013, el riesgo del Sistema de Maestros sobre el Fondo General es similar o mayor al del Sistema de Empleados Públicos, pues el Sistema de Maestros sigue siendo un sistema de beneficios definidos (contrario al Sistema de Empleados Públicos que fue cerrado con el Sistema 2000 mediante la Ley 305-1999) por lo que el déficit proyectado es a largo plazo y, por lo tanto,  mayor que aquel que se calculaba para el Sistema de Empleados Públicos previo a la aprobación de la Ley 3-2013.  No hay duda, pues, que ante la magnitud del problema existente, es necesario tomar medidas contundentes, pero justas y sensibles, para asegurar el pago de beneficios tanto a nuestros maestros retirados, como a aquellos que continuarán brindando el pan de la enseñanza a nuestros niños y jóvenes.

 

En el caso de nuestra clase magisterial, la necesidad de evitar la erosión de los fondos del Sistema es sumamente apremiante pues, como sabemos, los maestros no cotizan al Sistema de Seguro Social.[3]  Ello implica que, en la mayoría de los casos, el único ingreso que nuestros maestros retirados recibirán en su vejez es el proveniente del Sistema.  Ante ello, esta Asamblea Legislativa tiene la obligación de proteger los beneficios de retiro para los miles de participantes activos y retirados mediante la aprobación de soluciones razonables y necesarias que eviten la insolvencia del Sistema, de modo que estos cuenten con un retiro justo y digno como merecen por su compromiso con el porvenir de nuestro país.

 

En esta coyuntura no podemos darnos el lujo de no hacer nada.  No podemos repetir los errores del pasado donde, a pesar de que otras Administraciones conocían de la magnitud de la crisis del Sistema de Maestros, no se tomaron las medidas necesarias para atender la misma, lo que al día de hoy ha causado que esta haya empeorado.  Es nuestra responsabilidad, no sólo con los maestros sino con el País, afrontar el problema de una vez. Resulta necesario y urgente llevar a cabo una reforma abarcadora y justa del Sistema, de modo que se pueda garantizar un retiro digno a todos los participantes del Sistema de Retiro de Maestros.

 

CRISIS FISCAL DE PUERTO RICO

                                                                                                           

La crisis en el Sistema se une a la situación fiscal precaria en la que se encuentra el Gobierno Central; la situación fiscal más crítica que ha atravesado el país en su historia.  Como es conocido, en enero de 2013, y a pesar de la aprobación por la pasada administración de la Ley 7-2009, conocida como la “Ley Especial Declarando Estado de Emergencia Fiscal y Estableciendo Plan Integral de Estabilización Fiscal para Salvar el Crédito de Puerto Rico” (“Ley 7”), se proyectaba que el déficit en el Fondo General para el año fiscal 2012-2013 sobrepasaría los $2,200 millones. Mediante distintas medidas llevadas a cabo por esta Administración, se logró reducir dicho déficit a aproximadamente $1,290 millones al 30 de junio de 2013.  Para el año fiscal 2013-2014, se han aprobado varias medidas impositivas, entre las que se destacan la enmienda a la Ley 154-2010 que extiende hasta el año 2017 el arbitrio a ciertos productos y servicios ofrecidos en Puerto Rico a corporaciones foráneas, y la Ley 40-2013, según enmendada, conocida como la “Ley de Redistribución y Ajuste de la Carga Contributiva”.  Mediante la implementación de las referidas medidas, se proyecta que el déficit se reducirá a $820 millones.  No obstante, a pesar de todos los esfuerzos realizados hasta el momento, la situación del Fondo General continúa siendo una deficitaria, razón por la cual es necesario continuar evaluando y reduciendo los gastos del Fondo General para lograr tener un presupuesto balanceado para el año fiscal 2016, sin necesidad de realizar refinanciamientos de deuda para cubrir déficits presupuestarios.

Por otro lado, la situación en las corporaciones públicas no es distinta, pues se estima que en el año fiscal 2012-2013, el déficit combinado de las principales tres corporaciones públicas fue de aproximadamente $800 millones.  La deuda pública del gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico al 30 de junio de 2013, incluyendo la deuda relacionada al Fondo General, los municipios y las corporaciones públicas y agencias, alcanzó la cifra de $70,043 millones, habiendo aumentado $13,588 millones durante los últimos 5 años. 

 

El crédito del país se encuentra en una situación sumamente frágil, habiendo sido degradada la deuda pública del Gobierno Central durante el pasado año fiscal a sólo un punto superior al llamado nivel de “chatarra” por las tres principales agencias clasificadoras de crédito.  Igualmente, los bonos de varias instrumentalidades del Estado Libre Asociado y corporaciones públicas, incluyendo los bonos del Sistema de Empleados Públicos, de la Universidad de Puerto Rico, de la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones, del Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico, de la Autoridad para el Financiamiento Municipal y de la Autoridad de Energía Eléctrica, también fueron degradados.  Los bonos de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, los bonos de apropiación de la Corporación de Financiamiento Público y los bonos subordinados de la Autoridad de Carreteras ya han sido degradados a nivel de “chatarra”.  De hecho, recientemente, una agencia crediticia informó la degradación de parte de los bonos emitidos por la Corporación del Fondo de Interés Apremiante de Puerto Rico (“COFINA”) y determinó que la perspectiva de dicho crédito es negativa.  Además, el 14 de noviembre de 2013, una de las agencias clasificadoras de crédito colocó los bonos de obligación general del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en “alerta crediticia” (“credit watch”), acción que fue replicada por otra de las agencias clasificadoras de crédito el 11 de diciembre de 2013.  Cabe señalar que una alerta crediticia es una acción que las agencias clasificadoras de crédito realizan cuando contemplan degradar el crédito, en este caso, a nivel de chatarra. 

 

No hay duda que,  ante la grave situación de estrechez fiscal en la que se encuentra todo el aparato gubernamental, y a pesar de todas las medidas tomadas recientemente para atender dicha situación, ciertamente el gobierno no cuenta con fondos suficientes para inyectar el dinero necesario para atender el déficit actuarial del Sistema.

 

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE MAESTROS

 

El Sistema de Maestros es un plan de beneficios definidos, el cual se rige por la Ley 91-2004, según enmendada, conocida como la “Ley del Sistema de Retiro para Maestros del Estado Libre Asociado de Puerto Rico” (“Ley 91”).  En términos generales, en virtud de la Ley 91, la edad de retiro mínima para los participantes del Sistema es de 47 años con por lo menos 25 años de servicio.  Los participantes que cumplan con dichos requisitos tienen el derecho a recibir una anualidad equivalente al 95% de la cantidad que resulte de multiplicar el 1.8% de su salario promedio por el número de años de servicio. 

 

El Sistema está diseñado para brindar mayores beneficios a los participantes con mayor edad y más años de servicio, siendo la pensión por mérito el máximo beneficio para aquellos participantes que alcancen la edad de 55 años, con un mínimo de 30 años de servicio, quienes tienen derecho a una anualidad equivalente al 75% de su salario promedio.  En la alternativa, los participantes pueden retirarse a la edad de 60 años, con al menos 10 años de servicio, teniendo derecho a obtener una anualidad equivalente al 1.8% del salario promedio, multiplicado por el número de años de servicio.  En todo caso, el salario promedio es computado a base de los salarios más altos durante cualesquiera 36 meses y la pensión mínima que recibe cada participante asciende a $400 mensuales.

 

LAS CAUSAS DE LA CRISIS

 

El déficit actuarial que enfrenta el Sistema de Maestros se debe a varias causas, incluyendo el diseño original del Sistema –el cual no previó el cambio en la demografía de los participantes- y las alteraciones que se han hecho a través de enmiendas y leyes especiales que han incrementado los beneficios a los participantes jubilados.  Ello sin que se aportaran los recursos para sufragar el costo de estos incrementos, desangrando así los activos del Sistema. 

 

Las principales causas de la crisis son las siguientes:

 

1)      Aportaciones inadecuadas:

 

Desde sus comienzos, al amparo de la Ley Núm. 218 de 6 de mayo de 1951 que creó la Junta de Retiro para Maestros (la cual luego fue sustituida por el actual Sistema), este no contó con las aportaciones adecuadas para mantener un nivel saludable de solvencia.  El Sistema fue diseñado como un sistema de beneficios definidos cuyas pensiones estaban fijadas por ley y no dependían del monto de las aportaciones que hiciera el Estado como patrono o que hicieran los participantes.  La ley que creó el Sistema estableció un nivel de aportación que no era proporcional a los beneficios que este tenía que pagar y tampoco se ajustaba a los cambios económicos o actuariales que afectaban el nivel de beneficios. 

 

Para agravar dicha deficiencia, una serie de leyes aprobadas en las pasadas décadas fueron debilitando las finanzas del Sistema al aumentar los beneficios sin contar con aportaciones adicionales.  El gobierno nunca realizó la aportación patronal recomendada por los actuarios para poder cubrir los beneficios de retiro.[4]  Para empezar a atender la insuficiencia de activos, se hubiese tenido que aportar al Sistema aproximadamente $551 millones[5] durante los últimos siete años.  El Fondo General no contaba –ni al presente cuenta– con los recursos necesarios para cubrir esa cantidad.

 

2)      Programas de retiro temprano:

 

Aunque en menor grado que en el Sistema de Empleados Públicos, el Sistema de Maestros también sufrió el embate de los programas de retiro temprano.  Similar al Sistema de Empleados Públicos, el maestro que opta por retirarse a través de una de estas ventanas, recibe un beneficio típicamente igual o mayor al que hubiese recibido de haberse quedado hasta la fecha de retiro original, sin que se ofrezcan a su vez las aportaciones patronales correspondientes y necesarias para compensar el pago de las pensiones.  Aunque en el caso del Sistema de Maestros los programas de retiro temprano disponen para que el empleado continúe aportando su cuota mensual al Sistema desde el momento del retiro hasta el momento en que este adviene a su edad de retiro determinada en la Ley 91 conforme al beneficio que recibe, dicha aportación no es actuarialmente suficiente, debido a la diferencia entre lo aportado por el maestro y lo disfrutado por este desde el momento del retiro. Como el gobierno tampoco suplementa las aportaciones correspondientes al Sistema para cubrir el déficit en las aportaciones causadas por el retiro temprano, se produce, con relación a la persona que se retiró de forma temprana, una deuda igual o más alta a la esperada originalmente, con unos ingresos menores para cubrirla.

 

3)      Cambios en la expectativa de vida de los participantes:

 

La expectativa de vida promedio en Puerto Rico y los Estados Unidos ha aumentado a 78 años para ambos sexos durante los últimos 60 años. Esto ha ocasionado que los pensionados reciban beneficios por una cantidad de años mayor a lo previsto originalmente.  Según un estudio del Departamento de Salud, en el 1950, un año antes de la creación de la Junta de Retiro de Maestros, precursora del Sistema, la expectativa de vida de los puertorriqueños era de 59.5 años para los hombres, 62.4 años para las mujeres y 60.9 años para ambos sexos.  Los datos más recientes del Departamento de Salud publicada en febrero de 2013 reflejan que para el año 2010, los hombres tenían una expectativa de vida de 74.85 años, las mujeres de 82.56 años y ambos sexos de 78.7 años, un incremento en la vida promedio de aproximadamente 18 años.  El aumento en la expectativa de vida obliga al Sistema a sufragar pensiones por más tiempo de lo concebido al momento de fijar las edades de retiro en la legislación, en especial si se toma en consideración que el Sistema cuenta con una demografía dominada por mujeres, que son el grupo con mayor expectativa de vida.  No hay duda de que los cambios en expectativa de vida de los participantes ha tenido un impacto negativo en las arcas del Sistema.

 

4)      Impacto de leyes especiales:

 

Las llamadas “Leyes Especiales” consisten de una serie de leyes que concedieron beneficios adicionales a los provistos originalmente a los participantes.  Estas Leyes Especiales incluyen:

 

·                     Bonos de verano;

·                     Bonos para medicamentos; 

·                     Aguinaldo de Navidad;

·                     Aportaciones a planes médicos;

·                     Otros beneficios de pensión mínimos;

·                     Otros beneficios de muerte mínimos;

·                     Ajustes por Costo de Vida (“COLAs”)

 

El costo anual de los beneficios concedidos por las Leyes Especiales para el Sistema es de alrededor de $64 millones.  Los beneficios concedidos por las leyes especiales están supuestos a ser sufragados por el Fondo General, pero ello no ha ocurrido así. Por ello, ha sido el Sistema quien tenga que incurrir en estos gastos, agravando de esta manera el déficit. Los beneficios por concepto de las Leyes Especiales juegan un papel importante en la delicada situación fiscal que enfrentan tanto el Fondo General como el Sistema.

 

DEJAR DE ACTUAR NO ES UNA OPCIÓN

 

El Sistema está pasando por la crisis más grande y severa de su historia.  Tenemos la responsabilidad histórica de reformarlo para fortalecer su situación fiscal y asegurar que nuestra clase magisterial tenga los recursos necesarios para gozar de un retiro digno, luego de dedicar sus esfuerzos a la enseñanza pública.

 

Es imperativo actuar inmediatamente para mejorar y asegurar la salud fiscal del Sistema, de modo que se cierre la brecha entre los activos netos y aquellos requeridos para continuar con el pago de las pensiones de nuestros actuales y futuros maestros retirados.  Dejar de actuar ahora significaría que se tendrán que tomar medidas más drásticas en el futuro, tomando en consideración que la proyección del propio Sistema de Maestros es que haya una deficiencia en flujo de efectivo para el presente año fiscal 2013-2014 de aproximadamente $322 millones.  Lo anterior, a su vez, debe enmarcarse en el hecho de que los maestros son servidores públicos que no aportan al Sistema de Seguro Social, razón por la cual muchos de estos sólo cuentan para su retiro con la anualidad que provee el Sistema.  Siendo ello así, es obligación no sólo del gobierno, sino de todos y todas el asegurar un mínimo de ingreso a la clase magisterial del país en sus años maduros.

 

La magnitud del déficit actuarial del Sistema de Maestros excede los $10,251 millones al 30 de junio de 2012.  Para corregir ese déficit, la aportación del gobierno al Sistema para el año fiscal 2012-2013 debió ser de aproximadamente $736 millones.  Sin embargo, el gobierno solamente aportó, en cumplimiento con la legislación vigente, $186 millones (incluyendo aportaciones patronales y pagos por concepto de las Leyes Especiales), o aproximadamente el 25% de esa cantidad.  Para el gobierno realizar una aportación al Sistema de Maestros de $736 millones, tendría que hacer recortes drásticos en los servicios gubernamentales de seguridad, salud y educación, incluyendo recortes adicionales de personal, además de aquellos ajustes que tenga que hacer para reducir el déficit de $820 millones que todavía carga el Fondo General.  Por eso, la solución fácil del pasado, esto es, realizar parchos al Sistema a través de la infusión de fuentes de efectivo no recurrentes o la asignación de recursos adicionales provenientes del Fondo General, ya no está disponible para cubrir la inmensidad de la brecha, dada la crisis por la que atraviesa el Fondo General y las debilidades de las finanzas generales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

 

Por otro lado, se estima que tan pronto como en el año fiscal 2019-2020, el Sistema se quedará sin fondos suficientes para cubrir el pago de sus obligaciones, entre éstas, el pago a los propios participantes jubilados, ya que sus activos se agotarán.  Esto significa que, de no hacer nada inmediatamente, para el año fiscal 2019-2020, el Sistema contará casi exclusivamente con las aportaciones patronales e individuales para el pago de sus obligaciones, lo que representa sólo alrededor del 59% de lo requerido para pagar las obligaciones de ese año.  Ello aún tomando en consideración la aprobación de la Ley Núm. 114-2011, que aumentó la aportación patronal al Sistema escalonadamente de 9.75% en el 2011 a 19.75% en el 2020.  Así, de todos modos, el gobierno tendría que asignar más dineros del Fondo General, adicionales a aquellos legislados bajo la Ley 114, para inyectarlos al Sistema de Maestros, fondos con los que, como se ha indicado, el gobierno no cuenta.

 

Sin duda, el problema ha llegado a un nivel crítico.  La crisis del Sistema ya no es el problema exclusivo del maestro del sistema público de enseñanza que espera poder disfrutar de un retiro; es un riesgo sistémico que amenaza a la sociedad puertorriqueña y al diario vivir de cada ciudadano de este país.

 

El déficit del Sistema tiene las siguientes implicaciones para todos los ciudadanos:

 

1)      El costo anual del Sistema para los puertorriqueños es insostenible:

 

Según las proyecciones provistas por los actuarios del Sistema, si no se realizan cambios drásticos al mismo, las aportaciones actuales del Fondo General al Sistema tendrían que aumentar significativamente hasta promediar aproximadamente $562 millones anuales desde el año fiscal 2019-2020 hasta el año fiscal 2049-2050, adicionales a lo ya aportado mediante las aportaciones patronales según enmendadas por la Ley 114, todo con el fin de poder sufragar el costo de las pensiones de nuestros participantes.  Nótese que dicha cantidad ($562 millones) es comparable a la cantidad que se requería del Fondo General para pagar anualmente las pensiones del Sistema de Empleados Públicos a partir del presente año fiscal -en caso de que no se hubiese aprobado la Ley 3-2013- la cual ascendía a aproximadamente $579 millones.  Ello pues, el impacto que tiene el Sistema de Maestros en el Fondo General es similar al impacto que tenía el Sistema de Empleados Públicos previo a la aprobación de la Ley 3-2013, dado que en el caso del Sistema de Maestros, el 100% de las aportaciones patronales provienen del Fondo General, distinto al Sistema de Empleados Públicos en el cual sólo el 64% de las aportaciones patronales proceden del Fondo General, y el restante es pagadero de los presupuestos de las corporaciones públicas e instrumentalidades del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

 

La crisis del Sistema de Maestros es de tal magnitud que, de no hacer nada, en tan sólo 10 años, para el año 2023, las aportaciones necesarias del Fondo General para cubrir las obligaciones del Sistema de Maestros sobrepasarán las aportaciones necesarias para cubrir las obligaciones del Sistema de Empleados Públicos y por cada dólar de ingresos que el gobierno reciba, 20 centavos tendrían que dirigirse a pagar las pensiones de ambos Sistemas de Retiro (aún tomando en consideración los cambios aprobados al Sistema de Empleados Públicos a través de la Ley 3-2013), lo que imposibilitaría la gestión gubernamental en innumerables aspectos.  El gobierno sencillamente no tiene los recursos para continuar aportando cada vez más al Sistema.

 

2)      Estarán en riesgo los servicios públicos esenciales:

 

La carga que supone las aportaciones que realiza el Estado al Fondo es demasiado alta y continuará aumentando.  Esto pone en riesgo la viabilidad de los servicios básicos que el gobierno debe proveer a la ciudadanía, como la seguridad pública, los servicios médicos y la educación pública.  Por ejemplo, para el año fiscal 2023, el gobierno tendrá que separar más de $1,700 millones para aportar a ambos Sistemas de Retiro,[6] cifra que se estima continuará creciendo a través de los años.

 

3)      El Sistema de Maestros no tendrá suficiente dinero para pagar las pensiones:

 

Con $1,875 millones en activos netos al 30 de junio del 2013, se estima que el Sistema de Maestros se quedará sin fondos tan pronto como en el año fiscal 2020.  Como se mencionó anteriormente, esto significa que, al acabarse los activos netos, el Sistema de Maestros contará con una cobertura actuarial de 0%, lo que implica que no habrá suficiente dinero para pagar las pensiones de los maestros retirados. 

 

4)      Por último, si no reformamos el Sistema de Maestros, el crédito de Puerto Rico será degradado

 

Según han informado las casas crediticias, el crédito de Puerto Rico sería degradado a “chatarra” si no reformamos el Sistema de Maestros.  Las consecuencias de esta acción serían nefastas para el país. La fragilidad y el déficit actuarial del Sistema de Maestros (conjuntamente con la fragilidad y déficit actuarial del Sistema de Empleados Públicos) ha sido un señalamiento recurrente de todas las agencias crediticias en cuanto al estado de las finanzas públicas y la clasificación de las obligaciones del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.  Esta Administración debe tomar decisiones contundentes, pero justas y sensibles, de modo que podamos mantener y mejorar la clasificación crediticia de los bonos de obligación general. 

 

El 15 de mayo de 2013, una agencia crediticia indicó, refiriéndose al Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que “[l]as autoridades aún necesitan hacer cambios forzados al Sistema de Retiro de Maestros”.  De otra parte, otra agencia crediticia, el 14 de agosto de 2013, indicó que “[e]n los próximos meses, el Gobierno tiene previsto reformar significativamente el Sistema de Retiro de Maestros, el cual tiene un déficit actuarial de $9,100 millones y un “funded ratio” de 20.8%.”  Por último, el 11 de diciembre de 2013, otra agencia crediticia, al colocar la clasificación del crédito de los bonos de obligación general del Estado Libre Asociado en “alerta” para ser degradados a nivel de chatarra, indicó que una degradación a nivel de chatarra sería más probable “si el Gobierno es incapaz de realizar la reforma necesaria al Sistema de Retiro de Maestros”.

 

Así como esta Administración atendió responsablemente la crisis financiera del Sistema de Empleados Públicos, lo cual ha sido reconocido por las tres principales agencias clasificadoras de crédito como un paso necesario para mejorar la salud fiscal del gobierno, es prioritario ahora atender la crisis financiera del Sistema de Maestros.  Si no atendemos ahora esa crisis, existe un riesgo real e inminente de que el crédito del Estado Libre Asociado de Puerto Rico sea degradado a “chatarra”.

 

Aun cuando en los pasados meses los precios de los bonos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico se han devaluado a niveles históricos, una degradación por parte de las agencias clasificadoras de crédito tendría un efecto inmediato y nefasto en el bolsillo del pueblo, pues se desataría una crisis financiera sin precedentes en el país.  Esto significaría, entre otras cosas, el cierre de los mercados financieros al gobierno de Puerto Rico; una devaluación significativa adicional en el valor de todas las obligaciones del gobierno y las corporaciones públicas; una reducción en las líneas de crédito a corto plazo de los bancos que utiliza el gobierno para financiar sus operaciones; un aumento significativo en las tasas de interés; y la pérdida de millones de dólares invertidos en cuentas de retiro individual (“IRA”) y en planes de retiro público y privados que tengan inversiones en bonos del gobierno.  En concreto, el impacto de esta degradación en las finanzas gubernamentales sería monumental.  Habría una reducción abrupta en los recaudos y una imposibilidad de recurrir a financiamientos efectivos para cubrir insuficiencias presupuestarias y manejar las operaciones del gobierno.  Esto tendría consecuencias nefastas, pues los servicios básicos del gobierno se verían seriamente afectados.  Dada la necesidad del gobierno de poder financiar sus operaciones y obras de capital mediante el financiamiento que se obtiene en los mercados financieros y la fragilidad de nuestro crédito y su clasificación actual, es necesario resolver esta crisis con premura.  Mientras más tiempo pasa sin resolverse, más se empeora la insolvencia del Sistema y es mayor el impacto social adverso que tendría cualquier solución implantada.  No hay duda del interés de esta Asamblea Legislativa en resolver la crisis que enfrentamos con celeridad, mediante la implementación de soluciones al problema bien pensadas, razonables, justas y permanentes.

 

ALTERNATIVAS ANALIZADAS PARA ATENDER LA CRISIS

 

Como parte del análisis realizado por esta Asamblea Legislativa para atender la crisis fiscal del Sistema de Maestros, se analizaron varias medidas presentadas por los principales representantes del magisterio, las cuales dichos gremios entendían podrían atajar el déficit fiscal del Sistema.

 

Las propuestas presentadas por los representantes de la clase magisterial incluyeron las siguientes: 1) una reducción de 10% en los gastos administrativos del Sistema; 2) una reducción de 10% en los gastos administrativos del Departamento de Educación y que dicho ahorro sea transferido al Sistema; 3) el pago de $24 millones que el Departamento de Educación no aportó al Sistema por concepto de aportaciones patronales al amparo de la Ley 45-2000, y que el Departamento continúe realizando la aportación correspondiente conforme a la Ley 114-2011; 4) la eliminación de las pensiones privilegiadas en el Sistema de Maestros y se imponga un tope máximo de $3,500.00 mensuales a las pensiones pagaderas del Sistema; 5) el nombramiento de las plazas requeridas en las escuelas para aumentar las aportaciones al Sistema de Maestros; 6) un aumento de 1% en la contribución a las empresas foráneas y que dicho aumento sea asignado al Sistema de Maestros; 7) la asignación al Sistema de Maestros de los fondos no reclamados de la Lotería Electrónica; 8) la imposición de un cargo adicional al consumo de cigarrillos, bebidas alcohólicas y comidas rápidas; y 9) la imposición de un cargo de hasta un 10% a los premios mayores de $1,000.00 obtenidos por concepto de juegos de azar.

 

Se acogieron varias de las propuestas presentadas por la clase magisterial, incluyendo: 1) la reducción de 10% en los gastos administrativos del Departamento de Educación (aproximadamente $52 millones anualmente), cuantía que se introducirá al Sistema a través de  una porción de la Aportación Uniforme para la Justicia Magisterial; 2) la reducción de 10% en los gastos administrativos del Sistema de Maestros (aproximadamente $2.5 millones de dólares anuales) cuantía que se introducirá al Sistema a través de una porción de la Aportación Uniforme para la Justicia Magisterial; 3) el pago de los $24 millones que se reclama son adeudados por el Departamento de Educación, el cual, aunque el gobierno no reconoce dicha deuda, se realizará a través de una porción de la Aportación Uniforme para la Justicia Magisterial; 4) la eliminación de las pensiones privilegiadas, pues a partir de la vigencia de esta ley, prospectivamente los beneficios recibidos por los participantes del Sistema serán proporcionales a sus aportaciones; y 5) el nombramiento de las plazas requeridas en las escuelas, lo cual se hará responsablemente tomando en consideración la situación fiscal del Departamento de Educación.

 

No obstante, aún cuando se acogieron favorablemente varias propuestas importantes presentadas por los maestros, lo cierto es que las mismas son insuficientes para reducir el déficit actuarial y de flujo de efectivo que al presente aqueja al Sistema.  Por ejemplo, aunque el gobierno se comprometa, no sólo a reducir en un 10% los gastos administrativos, sino a pagar todos los gastos administrativos del Sistema de Maestros, lo tendría que hacer por más de una década para poder sufragar la deficiencia de un año en el flujo de efectivo del Sistema. Por otro lado, las propuestas de asignar al Sistema de Maestros los fondos no reclamados de la Lotería Electrónica y de imponer un cargo de hasta un 10% a los premios mayores de $1,000.00 obtenidos por concepto de juegos de azar, aunque tampoco tendrán un impacto significativo en la situación del Sistema, aún están bajo análisis pues podrían afectar el flujo de efectivo del Fondo General y, por lo tanto, agravar el déficit fiscal de dicho Fondo.

 

De otra parte, hubo propuestas presentadas por el magisterio que no pudieron aceptarse por no ser viables.  Por ejemplo, el aumentar en 1% la contribución a las empresas foráneas, aunque podría generar un flujo de efectivo considerable, no es factible, dado el hecho de que dicha contribución fue aumentada y extendida temporalmente para poder reducir el déficit proyectado en el presupuesto del país para el año fiscal 2013, y un aumento adicional en la misma podría causar que se pierda el crédito contributivo que a nivel federal reciben estas empresas.  Igualmente, los cargos o arbitrios al consumo de cigarrillos, bebidas alcohólicas u otros, son medidas que no generan grandes ingresos y más bien se aplican con el propósito disuadir el consumo de dichas sustancias.  Así pues, aun cuando dicha medida se acogiera, no tendría un impacto real en la situación actual del Sistema.

 

Según expuesto anteriormente, la crisis del Sistema es tal, que resulta necesario implementar soluciones abarcadoras inmediatamente. Aunque el norte de esta Asamblea Legislativa es modificar el Sistema de Maestros de forma que no se vean severamente afectados los beneficios de retiro que al presente reciben miles de maestros, y las expectativas de retiro de otros miles que aún continúan laborando para el Departamento de Educación, entendemos que el Sistema de Maestros requiere de una solución integral donde todos los sectores involucrados, esto es, los maestros retirados y activos, el gobierno, y el resto del país, aporten para garantizar la subsistencia del mismo y se pueda garantizar el pago de pensiones a nuestros educadores por años venideros.  

 

ANTE LA PRESENTE CRISIS, ES NECESARIO IMPLEMENTAR UNA SOLUCIÓN INTEGRAL INMEDIATAMENTE

 

Es de suma importancia implementar un plan de reforma integral para atender el déficit actuarial en el Sistema.  Si no se establecen cambios significativos a la estructura actual, todos los puertorriqueños, incluyendo los maestros retirados, los maestros activos y todos los demás sectores productivos de nuestra sociedad, tendremos que hacer sacrificios enormes para poder pagar las obligaciones acumuladas del Sistema y garantizar un adecuado ingreso de retiro para la clase magisterial.

 

Como se ha dicho, las medidas presentadas por el magisterio no son suficientes para salvar el Sistema, pues éstas no reducen significativamente el déficit de flujo de efectivo del mismo.  Para lograr dicha reducción, además de honrar el incremento en la aportación patronal ya legislado (que se sostiene de las contribuciones que pagan los contribuyentes), se requiere cerrar el déficit actuarial y la insuficiencia de fondos para el pago de beneficios mediante un balance de medidas que contemplen, entre otros: (1) la congelación de la acumulación de beneficios de participantes actuales bajo la Ley 91, eliminando la acumulación de nuevos beneficios bajo el plan de beneficios definidos actual, pero respetando toda acumulación ganada por dichos participantes hasta el presente; (2) el traslado de los miembros activos bajo la Ley 91 a un plan de aportación definida con un beneficio mínimo garantizado para los participantes activos al 31 de julio de 2014; (3) la eliminación prospectiva de la pensión por mérito; (4) el incremento en la edad de retiro para futuros maestros; (5) el incremento en la aportación de los participantes al Sistema; (6) el incremento de la aportación patronal, adicional al incremento ya legislado mediante la Ley 114-2011; (7) la modificación de los beneficios otorgados por las Leyes Especiales para los participantes retirados y la eliminación de dichos beneficios de forma prospectiva; y (8) la modificación de los beneficios de incapacidad y de los beneficiarios de participantes. 

 

Aún llevando a cabo todas estas medidas, los actuarios del Sistema estiman que el Fondo General tendría que, de todos modos, hacer una aportación adicional equivalente a decenas de millones anuales para cubrir el déficit del Sistema de Maestros. Esto se atenderá mediante la implementación de una Aportación Uniforme para la Justicia Magisterial y una Aportación Adicional Anual.  Es preciso recalcar que esta contribución anual al Sistema sería adicional al incremento en la aportación patronal provisto en la Ley 114-2011 y la aprobada mediante la presente legislación, por lo que todavía se tendrían que allegar fondos adicionales al Fondo General para cubrir esta brecha.

 

EXPLICACIÓN DE LAS ENMIENDAS

 

Cada una de las enmiendas incluidas en esta pieza legislativa es razonable y necesaria para que, en conjunto, se puedan reducir significativamente tanto el déficit actuarial del Sistema como el déficit de caja que sufre el mismo y que amenaza con dejarlo sin activos en un futuro cercano.

 

1)      Nuevo Programa de Aportaciones Definidas y nueva Pensión Mínima Garantizada para maestros activos

 

Según la legislación reciente, las aportaciones que tendrían que realizar los maestros activos y el Estado como patrono para mantener el esquema actual de beneficios son totalmente incongruentes con la capacidad financiera del maestro de nuestro sistema público de enseñanza y con la realidad fiscal del Fondo General, el cual carga con el deber de hacer las aportaciones adicionales al Sistema de Maestros ya legisladas bajo la Ley 114-2011, y el cual deberá, aún con todos los cambios aquí contemplados, hacer asignaciones adicionales de decenas de millones anuales para cubrir el déficit de caja del Sistema.  No obstante, es necesario resaltar que los beneficios acumulados por los maestros hasta el día de la vigencia de esta ley subsisten y se pagarán de acuerdo a lo establecido en la Ley 91 según ésta lee actualmente.  Por lo tanto, al momento de su retiro, los maestros recibirán una pensión que será una combinación de (i) la anualidad producto de los beneficios que hayan acumulado hasta el 31 de julio de 2014, más (ii) la anualidad a computarse a base de lo que acumulen bajo el nuevo Programa de Aportaciones Definidas a partir del 1ro de agosto de 2014 hasta su separación del servicio.

 

No obstante lo anterior, aquellos maestros activos al 31 de julio de 2014, que no sean elegibles a retirarse a esa fecha con una pensión cuyo beneficio sea igual o mayor al 65% del Salario Promedio según definido en esta Ley, y posteriormente soliciten el retiro al cumplir 30 años de servicio y 55 años de edad, tendrán derecho a una pensión mínima de mil quinientos sesenta y dos (1,562) dólares mensuales.  Tomando en consideración que, según el más reciente informe actuarial del Sistema de 30 de junio de 2012 y las estadísticas de la Administración del Sistema, la pensión promedio de los maestros asciende a aproximadamente $1,371 mensuales, y que los maestros no cotizan al Sistema de Seguro Social federal, la presente pieza legislativa es una medida de justicia para los maestros activos en su etapa de jubilación, dentro de los ajustes que se tienen que hacer para salvaguardar la solvencia económica del Sistema.  Es por ello que esta Asamblea Legislativa entiende que esta medida es razonable, ya que honra los beneficios acumulados de los maestros activos, garantiza un mínimo de subsistencia para estos servidores públicos, mientras alivia significativamente el déficit anual futuro del Sistema. 

 

2)      Aumento en Edad de Retiro para futuros maestros

 

Esta ley mantiene dos posibles edades de retiro para todos los maestros activos al 31 de julio de 2014, ambas dependientes de los años de servicio brindados: 1) a los 55 años, en caso de que se tengan treinta (30) años o más de servicio (lo que lo haría elegible para la pensión mínima garantizada), o; 2) 60 años, para aquellos maestros con al menos cinco (5) años de servicio en el magisterio.  En el caso de los maestros que ingresen al Sistema después del 31 de julio de 2014, esta ley aumenta la edad de retiro a los 62 años.

 

3)      Aumento en Aportación del Empleado

 

Se dispone para el aumento en la aportación del empleado de un 9% actual a un 10% de su salario mensual, a partir del 1 de agosto de 2014, con una revisión actuarial de dicha aportación en los años fiscales 2017-2018 y -2021.  Dicho aumento se justifica dado el hecho de que los maestros no cotizan al Seguro Social, por lo que incrementar su aportación a un mínimo de 10% continuará siendo menor a la aportación que realizan otros empleados gubernamentales en relación con su retiro.  La revisión actuarial en los años fiscales 2017-2018 y 2020-2021 será proporcional a la aportación patronal para cada uno de esos años fiscales, y se podrá dejar sin efecto si el Actuario certifica que dicha revisión no es necesaria para paliar el déficit actuarial del Sistema.

 

4)      Aumento en Aportación Patronal

 

Mediante la Ley 114-2011, se dispuso que desde el 1ro de julio de 2011, la aportación patronal aumentaría al nueve punto cinco por ciento (9.5%) del sueldo mensual que devengue el participante del Sistema; a partir del 1ro de julio de 2012 hasta el 30 de junio de 2016, la aportación patronal aumentaría anualmente en un uno por ciento (1%) del sueldo mensual del participante del Sistema; y a partir del primero de julio de 2016 hasta el 30 de junio de 2021, la aportación patronal aumentará anualmente en un uno punto veinticinco por ciento (1.25%) del sueldo mensual del participante del Sistema, para un total de aportación patronal de 19.75% del sueldo mensual del participante a partir del año fiscal 2021.  Esta ley mantiene dicho esquema de la Ley 114-2011 y, además, dispone que a partir del año fiscal 2022, dicha aportación patronal aumente a 20.525% del sueldo mensual del participante.  De esta manera, el Estado aumenta su aportación a la solvencia económica del Sistema, de modo que, junto con las demás medidas implementadas, se asegure el pago continuo de las pensiones de nuestros educadores.

 

5)      Leyes Especiales

 

Se  derogan varias leyes especiales para eliminar sus beneficios para los futuros retirados. No obstante, cada dólar de ahorro conseguido por las modificaciones a las leyes especiales se pagará al Sistema para que estos fondos estén disponibles para mejorar los beneficios de aquellos que reciben menos, sufragar el déficit actuarial del Sistema y así contribuir al pago de las pensiones a las cuales tienen derecho los retirados.

 

En cuanto a los actuales maestros jubilados, dichas leyes se enmiendan para reducir algunos de los beneficios brindados por éstas.  Entre los beneficios incluidos en esta medida para todo pensionado al 31 de julio de 2014, se encuentra un Bono para medicamentos equivalente a cien dólares, un Aguinaldo de Navidad de doscientos dólares y una aportación de hasta cien dólares mensuales para plan médico.

 

6)      Aportación Uniforme para la Justicia Magisterial y Aportación Adicional Anual

 

Para atender el déficit de flujo de caja del Sistema cada año fiscal, mediante la presente ley se establece una Aportación Uniforme para la Justicia Magisterial, la cual será equivalente a $30 millones en el año fiscal 2016-2017, $30 millones en el año fiscal 2017-2018 y $60 millones por los años subsiguientes a partir del año fiscal 2018-2019 hasta el año fiscal 2041-2042.  La Aportación Uniforme para la Justicia Magisterial introducirá al Sistema los fondos que se obtengan mediante la implantación de las medidas presentadas por el magisterio, particularmente la reducción de gastos administrativos en el Sistema y en el Departamento de Educación.  Además, una porción de dicha Aportación Uniforme para la Justicia Magisterial servirá como repago de la cantidad de $24 millones que los maestros argumentan le debe el Gobierno Central al Sistema de Maestros.  De esta manera, se atienden e implementan varias de las medidas propulsadas por los maestros para salvar su Sistema de Retiro. 

 

Además de lo anterior, y para asegurar que el Sistema se mantenga con suficientes fondos para continuar con el pago de pensiones, se establece una Aportación Adicional Anual a partir del año fiscal 2018-2019 y hasta el año fiscal 2041-2042, la cual será equivalente a la cuantía certificada cada dos (2) años por el actuario externo del Sistema como necesaria para evitar que el valor de los activos brutos proyectados del Sistema sea, durante cualquier  año fiscal subsiguiente, menor a $300 millones. 

 

Esta serie de medidas principales se une a otros cambios que establece esta pieza legislativa, como lo son: la modificación de las reglas para la compra de servicios no cotizados; la modificación de beneficios por defunción; la modificación de los requisitos para la obtención de beneficios por parte del cónyuge supérstite; y la modificación del beneficio por incapacidad.  La conjunción de todas estas medidas tendrá el efecto neto de permitir que el Sistema reduzca significativamente tanto su déficit de caja anual como su déficit actuarial, garantizándose la extensión de la vida del Sistema para pagar las pensiones a nuestros maestros y liberando así la presión sobre el Fondo General a corto y a largo plazo, de modo que no afecte la habilidad del gobierno de prestar servicios básicos a los ciudadanos y no empeore nuestra ya delicada calificación crediticia. 

 

Esta Reforma está diseñada para que impacte de manera justa y equitativa a todos los componentes del Sistema: el Estado (a través del aumento en aportaciones patronales, la aportación adicional anual, y las reducciones de gastos en el Departamento de Educación y en la administración del Sistema de Maestros), los maestros retirados (mediante la reducción o eliminación de algunos de los beneficios otorgados por las Leyes Especiales), los maestros activos en el Sistema (mediante la modificación de la estructura de beneficios, el aumento en la edad de retiro para los maestros que ingresen al Sistema a partir del 1ro de agosto de 2014 y el aumento en la aportación del empleado), y los contribuyentes en general (a través de inyecciones adicionales de fondos al Sistema provenientes del Fondo General pagadas a través de las contribuciones).  Cada una de estas medidas es un eslabón necesario para prevenir la insolvencia del Sistema y así garantizar un retiro digno a los educadores del País.

 

Más importante aún, esta Reforma respeta y valida los beneficios acumulados de los maestros retirados, cuyas pensiones no se verán afectadas por las modificaciones implantadas. Asimismo, esta medida conserva los beneficios acumulados hasta el momento por los participantes activos que continúan aportando al Sistema.  En ambos casos, se trata de ciudadanos y ciudadanas que han brindado los mejores años de su vida productiva para procurar la educación a través del sistema público de enseñanza. Aunque la solución contable más fácil a la presente crisis sería reducir dichos beneficios acumulados para atemperarlos a la realidad económica y fiscal que vivimos, esta Reforma busca la manera de poder honrar esos compromisos ante la inminente insolvencia del Sistema y la crisis económica que vive el País.

 

Aun cuando la presente pieza legislativa reforma la estructura de beneficios y modifica los requisitos de retiro actuales, la misma también busca darle un alivio a aquellos maestros retirados más desventajados.  Los cambios aquí legislados, además de garantizar una pensión mínima justa a los maestros activos, aumentan el beneficio de pensión mínimo de $400 a $500 a los maestros ya retirados.  De esta manera, esta Asamblea Legislativa busca encontrar un balance razonable entre la crisis fiscal del Sistema y la realidad económica y social de nuestra clase magisterial.

 

Esta Asamblea Legislativa considera que estas medidas son necesarias y razonables para resolver la situación deficitaria del Sistema de Maestros, dentro de nuestro ordenamiento legal y constitucional.  Son las alternativas menos onerosas disponibles para lograr el fin público apremiante de: (1) evitar que el Sistema de Maestros se quede sin fondos para pagar las pensiones a nuestros retirados; (2) honrar los beneficios acumulados por los maestros retirados y por aquellos que continúan educando diariamente a nuestros niños y jóvenes; (3) reducir significativamente el impacto proyectado del déficit anual del Sistema en el Fondo General, lo que de no hacerse afectaría la prestación de servicios públicos esenciales a la ciudadanía; y (4) evitar la catástrofe socio-económica y fiscal que supondría la degradación del crédito de Puerto Rico al nivel de “chatarra”. 

 

Estas medidas son razonables y necesarias para la consecución de los fines antes mencionados. Especialmente, al adoptar estas medidas, esta Asamblea Legislativa está consciente de que los maestros del Sistema público de enseñanza no cotizan al Sistema de Seguro Social, por lo que el ingreso que reciben de su pensión es, en la mayoría de los casos, el único con el que cuentan para sostenerse en sus años de vejez.  Es por ello, que entre las medidas adoptadas, se garantiza una pensión mínima a todos los maestros activos al 31 de julio de 2014, que es mayor al ingreso per cápita del país y que, inclusive, es mayor a la cantidad promedio de pensión por retiro que actualmente reciben los maestros retirados.  Ello, dentro de las modificaciones que son necesarias adoptar para salvaguardar la solvencia del Sistema, refleja la razonabilidad de la reforma adoptada, cónsono con nuestro ordenamiento constitucional.  Como bien reconoció nuestro Tribunal Supremo en Trinidad Hernández v. E.L.A.,  2013 T.S.P.R. 73, citando a Bayrón Toro v. Serra, 119 D.P.R. 605, 607-08 y 619 (1987):

 

[U]n participante en un plan de retiro tiene un interés propietario de naturaleza contractual protegido por la garantía constitucional contra el menoscabo de obligaciones contractuales. No obstante . . . [es necesario] armonizar, por un lado, el interés de proteger los derechos de los participantes y, por el otro, el de permitirle al Estado la libertad de adoptar cambios que garanticen la estabilidad y solvencia del sistema. Cónsono con lo anterior … el Estado puede, antes de que un empleado se jubile, enmendar los términos del sistema de retiro siempre y cuando las enmiendas sean razonables y adelanten la solvencia actuarial del mismo.

 

Esa es, precisamente, la intención de la presente medida, realizar de manera razonable las modificaciones necesarias a las condiciones y requisitos del Sistema de Maestros, de modo que se garantice su subsistencia y, con ella, la salud fiscal, económica y social del país.

 

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

 


Sección 1.–Esta Ley será conocida y citada como la "Ley del Sistema de Retiro para Maestros del Estado Libre Asociado de Puerto Rico". 

 

CAPÍTULO 1.- DEFINICIONES

 

Artículo 1.1. - Definiciones.

 

Las siguientes palabras y términos, cuando sean usados o se haga referencia a los mismos en esta Ley, tendrán el significado indicado a continuación a menos que del contexto surja claramente otro significado. Los tiempos usados en el presente incluyen también el futuro, y el género masculino incluye el femenino, salvo en aquellos casos que tal interpretación resultase absurda. El número singular incluye el plural y el plural el singular.

 

(a)               Aportación Adicional Anual.- la aportación anual certificada por el actuario externo del Sistema, preparada al menos ciento veinte días (120) días antes del comienzo del año fiscal 2018- 2019, y luego cada dos (2) años hasta el año fiscal 2041-2042, como necesaria para evitar que el valor de los activos brutos  proyectados del Sistema sea, durante cualquier año fiscal subsiguiente, menor a trescientos ($300) millones de dólares, sujeto a lo dispuesto en el Artículo 7.1 de esta Ley.  Si por cualquier razón, la Certificación de dicha Aportación Adicional Anual para el año fiscal correspondiente no estuviese disponible dentro del término establecido de ciento veinte (120) días, o antes, con  el consentimiento  de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, la Aportación Adicional Anual para ese año fiscal será la del año fiscal inmediatamente anterior, sujeto a lo establecido en el Artículo 7.1 de esta Ley.

 

(b)               Aportaciones Individuales  - aquellas cantidades que se hayan descontado o se descontaren del salario del participante, para ser acreditadas a su Cuenta de Aportaciones al Fondo o a su Cuenta de Aportaciones Definidas, según aplique.

 

(c)                Aportación Uniforme para la Justicia Magisterial – la aportación anual a realizarse al Sistema equivalente en el año fiscal 2016-2017 a $30 millones, en el año fiscal 2017-2018 a $30 millones y, a partir del año fiscal 2018-2019 y por los años subsiguientes hasta el año fiscal 2041-2042, a $60 millones.

 

(d)              Cuenta de Aportaciones Definidas –la cuenta creada a partir del 1 de agosto de 2014 a nombre de cada participante conforme a lo establecido en el Artículo 5.4 de esta Ley.

 

(e)               Cuenta de Aportaciones al Fondo – la cuenta donde se contabiliza el balance de las aportaciones individuales acreditadas a nombre del participante en el Fondo al 31 de julio de 2014.

 

(f)                 Director Ejecutivo - el Director Ejecutivo del Sistema.

 

(g)               Empleado del Sistema - todo aquel empleado del Sistema que accedió a transferir al Sistema sus aportaciones y años de servicio acreditados del Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o de cualquier otro sistema de retiro del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Además, significará todo aquel empleado que comenzó a trabajar en el Sistema en o después del 29 de marzo de 2004.

 

(h)               Fondo - el Fondo de Aportaciones al Sistema, así designado en el Artículo 4.1.

 

(i)                 Gobierno - el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y cualquier subdivisión política de este, todos los municipios de Puerto Rico, y aquellas otras organizaciones gubernamentales que deban acogerse a las disposiciones de esta Ley.

 

(j)                 Interés Compuesto - nueve punto cinco  por ciento (9.5%) anual para propósitos del pago de los servicios no cotizados hechos en o antes del 31 de julio de 2014 y dos por ciento (2%) anual para propósitos de los reembolsos de aportaciones individuales.

 

(k)               Junta de Síndicos - la Junta de Síndicos del Sistema de Retiro para Maestros de Puerto Rico.

(l)                 Maestro(s)–profesional que enseña en los salones de clase, los Directores y Subdirectores de Escuela y demás denominaciones y categoría de maestros que existan o puedan existir dentro de la nomenclatura del Departamento de Educación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, el Secretario del Departamento de Educación y funcionarios subalternos, y aquellos otros empleados o funcionarios que se acojan a los beneficios de esta Ley, de acuerdo con las disposiciones de la misma, siempre que posean un certificado válido para trabajar como maestros.

 

(m)            Participante en Servicio Activo - el participante que hace una aportación individual mensual al Sistema. Se considerará servicio activo el periodo durante el cual el participante esté acogido a una licencia sin sueldo autorizada oficialmente por el patrono.

 

(n)               Participante Inactivo - aquel participante que en algún momento realizó una aportación individual al Sistema y se separó del servicio sin posteriormente solicitar la devolución de sus aportaciones.

 

(o)               Participantes - los maestros y empleados del Sistema, según dispuesto en el Artículo 3.1 de esta Ley.

 

(p)              Pensión –cantidad a la que tiene derecho el participante de recibir al momento de retirarse del servicio, de acuerdo con las disposiciones de esta Ley.

 

(q)               Pensionado(s)- todo participante que reciba una pensión del Sistema, de acuerdo con las disposiciones de esta Ley.

 

(r)                Programa de Aportaciones Definidas –el programa establecido en el Capítulo 5 de esta Ley.

 

(s)                Programa de Beneficio Definido –Programa establecido en el Capítulo 4 de esta Ley.

 

(t)                 Salario - retribución total que devenga un participante. Al computar la retribución se excluirá toda bonificación concedida en adición al salario, así como todo pago por concepto de horas extras ordinarias de trabajo.

 

(u)              Salario Promedio - el promedio de los treinta y seis (36) salarios mensuales más altos que el participante haya obtenido. Esto no aplica al cómputo de pensiones por incapacidad.

 

(v)               Sistema - el Sistema de Retiro para Maestros del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

 

CAPÍTULO 2: SISTEMA, JUNTA DE SINDICOS Y DIRECTOR EJECUTIVO

 

Artículo 2.1- Sistema de Retiro para Maestros

 

(a)               Se crea un sistema de retiro que se denominará Sistema de Retiro para los Maestros de Puerto Rico, el cual estará compuesto por un Programa de Beneficios Definidos y un Programa de Aportaciones Definidas.

 

(b)               El Sistema es un organismo del Gobierno, independiente y separado de otros.

 

(c)                Los fondos del Sistema se utilizarán y aplicarán para el pago de pensiones y otros beneficios, según lo dispuesto en esta Ley, en provecho de los participantes del Sistema, sus dependientes y beneficiarios.

 

(d)              Cualquier cambio en la estructura de beneficios de este Sistema deberá estar sustentado con estudios actuariales previos, en los cuales se determine su costo y fuente de financiamiento. La Junta de Síndicos y la Administración de este Sistema no estarán sujetas a las disposiciones de la Ley Núm. 164 de 23 de julio de 1974, mejor conocida como la “Ley de la Administración de Servicios Generales” y la Ley Núm. 95 de 29 de junio de 1963, según enmendada, mejor conocida como la “Ley de Beneficios de Salud para Empleados Públicos”.

 

(e)               El Sistema, incluyendo todas sus operaciones, sus propiedades muebles o inmuebles, su capital, ingresos y sobrantes, estarán exentos de toda clase de contribuciones, impuestos, arbitrios o cargos, incluyendo las licencias que se impusieren por el Gobierno. Además, el Sistema estará exento del pago de toda clase de cargos o impuestos requeridos por ley para la presentación de acciones y procedimientos judiciales, para la emisión de certificaciones en las oficinas, instrumentalidades y dependencias del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y sus subdivisiones políticas, y para el otorgamiento de documentos públicos y su registro en el Registro de la Propiedad de Puerto Rico.

 

(f)                 El Sistema es una agencia del Gobierno Central excluida de las disposiciones de la Ley 184-2004, según enmendada, conocida como la “Ley para la Administración de los Recursos Humanos en el Servicio Público” y todos los reglamentos promulgados en virtud de la misma, exceptuando las áreas esenciales al principio de mérito según definido en dicha Ley, las cuales se incorporarán a la reglamentación que se adopte en su normativa interna para implantarse en todo su vigor. Además, al Sistema le aplicarán las disposiciones de la Ley 45-1998, según enmendada, mejor conocida como la “Ley de Relaciones del Trabajo para el Servicio Público de Puerto Rico”.

 

(g)               Todas las disposiciones del Reglamento de Personal y del convenio colectivo vigente en el Sistema al aprobarse esta Ley continuarán siendo efectivas hasta la firma de un nuevo convenio colectivo.

 

(h)               El Sistema deberá mantener un reglamento para regir su sistema de recursos humanos, el cual estará basado en el principio de mérito.

 

Artículo 2.2- Poderes y Facultades del Sistema.

 

(a)               A los fines de llevar a cabo los deberes que dispone esta Ley, el Sistema tendrá los siguientes poderes y facultades:

 

(1)               Demandar y ser demandado.

 

(2)               Formular, aprobar, adoptar, enmendar y derogar reglas y reglamentos para la debida ejecución de las disposiciones de esta Ley, los cuales una vez aprobados y promulgados por la Junta de Síndicos tendrán fuerza de ley.

 

(3)               Formular y aprobar un presupuesto de gastos para su gobierno y administración.

 

(4)               Llevar a cabo investigaciones en todos los asuntos de su incumbencia, obligar la comparecencia de testigos mediante citación al efecto que podrá ser tramitada a través de la Oficina del Superintendente de la Policía de Puerto Rico, y tomar juramento a dichos testigos.

 

(5)               Adoptar un sello oficial.

 

(6)               Establecer la Junta de Síndicos con la autoridad para establecer la organización administrativa del Sistema.

 

(7)               Solicitar y obtener en las oficinas del gobierno aquellos informes que crea convenientes en relación con la buena administración del Sistema, y llevar libros de contabilidad apropiados para determinar las condiciones del mismo.

 

(8)               Realizar el pago de las pensiones a los pensionados del Sistema, el reembolso de aportaciones individuales en los casos previstos en las disposiciones de esta Ley, el pago de los salarios a sus empleados y los gastos legalmente incurridos.

 

(9)               Contratar los servicios necesarios para la administración del Sistema, incluyendo consultores y manejadores de inversiones, actuario y cualquier servicio profesional que sea necesario.

 

(10)           Invertir los fondos en la forma provista por las disposiciones de esta Ley.

 

(11)           Vender, ceder o traspasar el importe de los créditos hipotecarios que posea el Sistema, así como carteras de préstamos personales que administren. Los intereses que devenguen dichas hipotecas estarán exentos del pago de contribuciones sobre ingresos al Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en manos de todo tenedor subsiguiente de las mismas.

 

(12)           Delegar en el Director Ejecutivo o su representante autorizado la aprobación de los préstamos autorizados por las disposiciones de esta Ley, conforme a la reglamentación que la Junta de Síndicos aprobare, en virtud de los poderes otorgados por esta Ley.

 

(13)           Establecer, mediante reglamentos, uno o más planes de seguro en relación con los préstamos de cualquier naturaleza que el Sistema conceda a sus participantes. El Sistema podrá actuar como asegurador, reasegurador o contratar a terceros que asuman el riesgo en cualquiera de dichos planes. A tal fin el Sistema queda facultado para autorizar que se tomen de los fondos generales del Sistema, mediante la aprobación de la Junta de Síndicos, las sumas que determine sean necesarias para establecer los fondos especiales de reserva de cada uno de dichos planes de seguro. Las sumas así tomadas serán reintegradas a los fondos generales del Sistema, según los fondos especiales así creados vayan acumulando las reservas necesarias de los ingresos provenientes de las primas y recargos que se cobren. La Junta de Síndicos ordenará estudios actuariales y de riesgo que den base para determinar la cuantía de la prima a ser cobrada a los aseguradores en cada uno de dichos planes. Si cualquier plan de seguro fuese descontinuado luego de haber sido puesto en operación, las sumas que sobrasen en el fondo especial correspondiente al plan descontinuado después de pagar las obligaciones que al mismo corresponda, pasarán a los fondos generales del Sistema.

(14)           Poseer, adquirir, enajenar y traspasar todo tipo de bienes e hipotecar o arrendar cualquiera de ellos con sus derechos y privilegios, dentro de los límites permitidos por ley.

 

(15)           Tomar dinero a préstamo de cualquier fuente de financiamiento incluyendo las instituciones privadas así como también del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y del Gobierno de los Estados Unidos o mediante colocaciones directas de deuda y bonos, garantizando dicha deuda por los activos del Sistema. Los intereses devengados por dichas obligaciones estarán exentos de pago de contribuciones sobre ingresos al Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

 

(16)           Solicitar, recibir y aceptar fondos, donaciones federales, estatales o de cualquiera otra índole.

 

Artículo 2.3- Junta de Síndicos del Sistema

 

(a)               Los poderes y facultades del Sistema y la responsabilidad de establecer la organización administrativa y buen funcionamiento del mismo recaerá sobre una Junta de Síndicos denominada la “Junta de Síndicos del Sistema de Retiro para Maestros de Puerto Rico”, la cual estará compuesta por nueve (9) miembros de los cuales los siguientes tres (3) serán miembros ex officio:

 

(1)               El Secretario de Hacienda de Puerto Rico o su representante; quien será su Presidente.

 

(2)               El Secretario de Educación de Puerto Rico, o su representante;

 

(3)               El Presidente del Banco Gubernamental de Fomento, o su representante.

 

(b)               De los seis (6) miembros restantes:

 

(1)               uno (1) será el Presidente de una organización magisterial, o su representante, designado por el Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico  por un término de cuatro (4) años;

 

(2)               tres (3) participantes del Sistema, uno (1) de los cuales representará a los maestros en servicio activo con su certificación de maestro al día, y dos (2) que representarán a los maestros jubilados quienes deberán tener su certificación de maestro al día al momento de su jubilación. Estos miembros serán nombrados por el Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico por el término de cuatro (4) años, y ocuparán sus cargos hasta que sus sucesores sean nombrados y tomen posesión de los mismos.

 

(3)               uno (1) de los miembros será el Presidente, o su representante, de la entidad que representa la unidad apropiada bajo la Ley 45-1998, según enmendada. Si los maestros del Departamento de Educación no contaren con un representante de la unidad apropiada al amparo de la Ley 45-1998, según enmendada, el Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico podrá nombrar un maestro en servicio activo como miembro de la Junta.  Dicho nombramiento será efectivo por el término de cuatro (4) años o hasta que los maestros designen un representante de la unidad apropiada, lo que ocurra primero.

 

(4)               un (1) miembro adicional en representación del interés público, con conocimiento y experiencia en la administración y funcionamiento de sistemas financieros, nombrado por el Gobernador de Puerto Rico  por un término original de cuatro (4) años.

 

(c)                El presidente de la organización magisterial y los representantes de los maestros activos y pensionados que al momento de la aprobación de esta Ley ocupen dichas posiciones en la Junta de Retiro para Maestros, continuarán ocupando las mismas hasta que expire su término.

 

(d)              Según vayan expirando sus términos iniciales, el Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico nombrará sus sucesores por un término de cuatro (4) años. De surgir una vacante, en caso de renuncia, muerte o destitución, la persona seleccionada para sustituir al miembro renunciante, fallecido o destituido ocupará la posición por el periodo de tiempo no cumplido por el incumbente original.

 

(e)               Una vez juramentados, los Síndicos en los cuales recae la condición de ser Presidente (o sus representantes) de organizaciones magisteriales no tendrán capacidad representativa de sus respectivas organizaciones, sino que actuarán con plenos poderes y responsabilidades como Síndicos del Sistema.

 

(f)                 Ningún miembro de la Junta podrá hacer negocios con el Sistema ni podrá tener familiares dentro del cuarto grado de consanguinidad, ni segundo de afinidad trabajando dentro del Sistema.

 

Artículo 2.4- Organización; sesiones; oficinas

 

(a)               El Secretario de Hacienda actuará como Presidente de la Junta de Síndicos.

 

(b)               El Vicepresidente y el Tesorero de la Junta de Síndicos se elegirán mediante el voto secreto por la mayoría de sus miembros.

 

(c)                La Junta de Síndicos podrá nombrar un Secretario de Actas como funcionario administrativo bajo la supervisión del Director Ejecutivo, con los deberes y obligaciones que se adopten en el Reglamento de la Junta de Síndicos afín con esta Ley, para el funcionamiento de la Junta y apoyo al Director Ejecutivo.

 

(d)              En cada sesión podrán considerarse todos los asuntos que la Junta de Síndicos crea pertinentes para su mejor gobierno y funcionamiento.

 

(e)               La Junta de Síndicos celebrará sesiones trimestralmente, mediante convocatoria que circulará el Presidente de la Junta de Síndicos entre los demás miembros que la componen, o a petición de una mayoría de los miembros de dicha Junta, con dos (2) días de anticipación y dicha citación incluirá la agenda que se va a discutir.

 

Artículo 2.5- Quórum; resoluciones serán por mayoría.

 

Cinco (5) miembros de la Junta de Síndicos constituirán quórum para resolver cualquier asunto ante su consideración y toda resolución adoptada por la misma deberá ser aprobada por mayoría de los presentes.

 

Artículo 2.6- Reglamento

 

La Junta de Síndicos establecerá por reglamento aquellas disposiciones necesarias para su funcionamiento, incluyendo las funciones y deberes de sus miembros.

 

Artículo 2.7- Nombramiento del Director Ejecutivo

 

Para ejecutar las disposiciones de esta Ley, la Junta de Síndicos nombrará un Director Ejecutivo del Sistema y fijará su salario.

 

Artículo 2.8- Facultades y deberes del Director Ejecutivo

 

El Director Ejecutivo será el principal Oficial Ejecutivo del Sistema y tendrá, sin que ello se interprete como una limitación, los siguientes deberes y responsabilidades:

(a)               Dirigirá y supervisará todas las actividades técnicas y administrativas del Sistema, afín con las disposiciones reglamentarias vigentes o que adoptare subsiguientemente la Junta.

 

(b)               Será responsable del debido funcionamiento del Sistema.

 

(c)                Adoptará los reglamentos necesarios para el establecimiento de un sistema de recursos humanos para la Administración y la Junta de Síndicos de conformidad con lo dispuesto en esta Ley, aprobado por la Junta de Síndicos.

 

(d)              Podrá reclutar, cesantear o destituir empleados, además de contratar servicios profesionales y consultivos.

 

(e)               Velará porque se ponga en vigor las disposiciones de esta Ley.

 

(f)                 Certificará los pagos necesarios que han de hacerse según las disposiciones de esta Ley.

 

(g)               Ejecutará aquellas otras funciones que la Junta de Síndicos le encomiende o delegue.

 

CAPÍTULO 3.- DISPOSICIONES APLICABLES A TODOS LOS PARTICIPANTES DEL SISTEMA

 

Artículo 3.1- Participantes del Sistema.

 

(a)               Las siguientes personas serán participantes del Sistema, y estarán sujetas a todas las disposiciones de esta Ley:

 

(1)               Los maestros en servicio activo.

 

(2)               Los maestros y empleados pensionados.

 

(3)               Los maestros acogidos a los beneficios de las disposiciones de esta Ley que pasen a ocupar puestos de carácter administrativo en el Departamento de Educación, o en cualquier Oficina del Director Escolar adscrita a un Municipio, o en escuela de beneficencia para niños o niñas que tienen todos los deberes y derechos que por las disposiciones de esta Ley se imponen a los maestros, siendo esta condición indispensable para tener tales derechos, o en cualquiera institución de enseñanza pública en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico con excepción de la Universidad de Puerto Rico, siempre que hagan constar su intención de continuar acogidos a las disposiciones de esta Ley por medio de carta dirigida al Sistema de Retiro.

 

(4)               Los maestros que trabajen en organizaciones magisteriales o de servicio debidamente reconocidas por ley, los maestros que ejerzan en instituciones privadas reconocidas por el Departamento de Educación y los miembros de la Asamblea Legislativa del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, siempre que tengan certificado válido para ejercer como maestros.

 

(5)               Los empleados del Sistema.

 

(b)               El ingreso al Sistema de los participantes citados en los incisos (1), (2) y (5) de este Artículo, será automático con el nombramiento como maestros, empleados o pensionados del Sistema. Luego de cada nombramiento, el Departamento de Educación remitirá al Sistema copia certificada del Nombramiento, Acta de Nacimiento e historial de personal. Además, cada vez que ocurra una transacción de personal que afecte la aportación del participante, el Departamento de Educación  vendrá obligado a enviar al Sistema copia certificada del Informe de cambio.

 

(c)                En los casos citados en los incisos (3) y (4) de este Artículo, la participación será por petición de aquella persona que interese ser participante del Sistema o de un participante que interese continuar aportando. El Sistema evaluará la solicitud y, de cumplir con la Ley y reglamentos aplicables, le dará ingreso al Sistema o le permitirá continuar en el mismo.

 

(d)              En el caso citado en el inciso (4), el maestro tendrá que solicitar por escrito el ingreso al Sistema y contribuirá al Sistema con la aportación correspondiente, debiendo la institución a la cual pertenezcan contribuir con la aportación patronal establecida en esta Ley, y para el cobro de las cuales el Sistema establecerá las reglas que considere necesarias. Los patronos donde trabajen estos maestros se comprometerán por escrito a aceptar y dar cumplimiento a todas las disposiciones de esta Ley, en lo que a estos maestros respecta. En aquellos casos en que el patrono no se comprometa a realizar la aportación patronal, el maestro deberá realizarlas, comprometiéndose a que se efectúen todas las retenciones correspondientes, según los establezca el Sistema para este tipo de casos.

 

Artículo 3.2- Cuentas de las aportaciones; propiedad de los participantes.

 

El Sistema deberá llevar balances individuales de cada participante del Sistema donde se reflejen todas las aportaciones individuales con que haya contribuido a su Cuenta de Aportaciones al Fondo y a su Cuenta de Aportaciones Definidas.  Las aportaciones individuales serán de la exclusiva propiedad del participante del Sistema y no estarán sujetas a contribución de clase alguna ni a embargo o traspaso, sino de acuerdo con las disposiciones de esta Ley, salvo lo dispuesto en el Artículo 7.4. El Sistema podrá cobrar de las aportaciones individuales acumuladas cualquier deuda contraída por el participante con el Fondo.

 

Artículo 3.3- Descuentos en los salarios.

 

El Secretario de Educación, o la autoridad nominadora pertinente, o cualquier otra persona que tenga a su cargo la preparación de las nóminas de salarios de los participantes, deberán descontar la aportación individual correspondiente que debe hacer el participante y ordenar su ingreso en el Sistema. El Secretario de Hacienda del Estado Libre Asociado de Puerto Rico transferirá al Sistema el total de dichas aportaciones.

 

Artículo 3.4- Reembolso de aportaciones.

 

(a)               A partir del 1ro de agosto de 2014, todo participante del Sistema que dejare de ser elegible como participante y (i) tuviese cotizado menos de cinco (5) años de servicio, o (ii) hubiese aportado menos de diez mil dólares ($10,000) tendrá derecho a que se le devuelva el importe de todas las aportaciones individuales que haya contribuido, más los intereses compuestos hasta que reciba el reembolso de aportaciones o hasta seis (6) meses después de la fecha de separación del servicio, lo que ocurra primero. A dichas aportaciones se le deducirá cualquier deuda que tuviere el participante con el Sistema.

 

(b)               A partir del 1ro de agosto de 2014, aquellos participantes con cinco (5) años o más de servicio y que hubiesen aportado diez mil dólares ($10,000) o más al Sistema, no podrán retirar sus aportaciones individuales al separarse del servicio y serán acreedores de la pensión correspondiente cuando cumplan la edad de retiro establecida en esta Ley.

 

Artículo 3.5- Reciprocidad entre sistemas de retiro.

 

A partir del 1ro de agosto de 2014, no existirá la reciprocidad de entrada que establece la Ley Núm. 59 del 10 de junio de 1953, según enmendada, sobre los servicios prestados después del 31 de julio de 2014, entre el Sistema y los otros sistemas de retiro del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sobre los empleados que cotizan en otros sistemas y pasan a formar parte del Sistema de Retiro para Maestros. Sin embargo, se podrá transferir las aportaciones de los participantes del Sistema de Retiro para Maestros a otros sistemas de retiro del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que mantengan sistemas de beneficios definidos y acepten transferencias de entrada a dichos participantes.

 

Artículo 3.6- Acreditación de servicios no cotizados.

 

(a)               Sujeto a lo dispuesto en el inciso (b) de este Artículo, los siguientes servicios, podrán ser acreditados para propósito del cómputo de años de servicio, siempre que dichos servicios hayan sido prestados en o antes del 31 de julio de 2014 y que la acreditación sea solicitada en o antes del 31 de julio de 2014:

 

(1)               Todo participante a quien se le hubiere devuelto sus aportaciones individuales más los intereses correspondientes y que haya reingresado al servicio o todo participante que se le hayan aplicado sus aportaciones a deudas con el Sistema, podrá solicitar, que se le acrediten los años de servicio antes del 31 de julio de 2014. Para solicitar la acreditación del servicio no cotizado, el participante deberá haber trabajado por lo menos un (1) año con anterioridad a tal solicitud de servicio y pagar las aportaciones retiradas o las deudas aplicadas, más el interés correspondiente.

 

(2)               El tiempo que cualquier maestro de educación sirviere o hubiere servido en cualquier organización magisterial o de servicio debidamente reconocida por ley, o en las escuelas privadas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico cuyo plan de estudios hubiere sido aprobado por el Departamento de Educación y/o el Consejo General de Educación de Puerto Rico y estuviesen sujetos a la supervisión o inspección de tal Departamento o Consejo, se computará a los efectos de las disposiciones de esta Ley como si los servicios hubiesen sido prestados en las escuelas públicas, siempre que tales maestros lo soliciten por escrito al Sistema y siempre que contribuyan con la aportación individual y patronal que corresponda, y para el cobro de las cuales cantidades el Sistema establecerá las reglas que considere necesarias. Se podrá computar dicho tiempo siempre que el maestro pague las aportaciones, basado en el salario devengado durante dicho periodo más los intereses que el Sistema determine para que se pueda dar crédito por dichos años de servicio.

 

 

(3)               El tiempo servido por un participante del Sistema en cualquier agencia, instrumentalidad o corporación pública del Gobierno, municipios, consorcios municipales, en la Junta Estatal de Instrucción Vocacional, Técnica y de Altas Destrezas o en la Oficina de Veteranos de Puerto Rico, o en cualquier agencia del Gobierno de los Estados Unidos ubicada en Puerto Rico, período durante el cual no le fue hecho descuento alguno para el Sistema, ni para ningún otro sistema de retiro, se computará a los efectos de las disposiciones de esta Ley como si los servicios hubieran sido prestados en las escuelas públicas, siempre que tales participantes del Sistema lo soliciten por escrito al Sistema; y cumplan con los requisitos establecidos en esta Ley para el pago de los mismos.

 

(4)               El tiempo que cualquier maestro de educación sirviere o hubiere servido en escuelas públicas de otro estado o territorio de Estados Unidos, en cualquier posición, incluyendo aquellas de ayudante en consejería y orientación y ayudante de maestro se computará a los efectos de las disposiciones de esta Ley.  Se podrá computar dicho tiempo siempre que el maestro pague la aportación patronal e individual basado en el salario devengado, más los intereses que el Sistema determine para que se pueda dar crédito por dichos años de servicio.

 

(5)               El tiempo que cualquier maestro de educación hubiere servido como Director Escolar en cualquier municipio de Puerto Rico se computará a los efectos de las disposiciones de esta Ley, como si los servicios hubiesen sido prestados en las escuelas públicas, siempre que tales maestros lo soliciten por escrito al Sistema y siempre que dichos maestros paguen la aportación individual que le hubiera correspondido pagar por todo ese tiempo a base de los salarios recibidos durante su ejercicio como Director Escolar, debiendo la entidad municipal a la cual pertenezca contribuir con la aportación patronal correspondiente.

 

(6)               El tiempo que cualquier maestro del Departamento de Educación hubiere servido en labor docente o administrativa relacionada con la docencia fuera de Puerto Rico mediante licencia que le hubiere sido concedida con tal propósito por el Departamento de Educación de Puerto Rico se computará a los efectos de las disposiciones de esta Ley, como si los servicios hubiesen sido prestados en las escuelas públicas de Puerto Rico, siempre que tales maestros lo soliciten por escrito al Sistema, si regresaren al servicio del Departamento de Educación y siempre que dichos maestros paguen la aportación individual establecida a base del último salario recibido como maestro al ausentarse, más la aportación patronal correspondiente a base de ese mismo salario, más el interés compuesto a partir de la fecha en que se reintegró al servicio hasta la fecha en que solicite su acreditación. 

 

(7)               El tiempo servido por un maestro, a partir de 1960, en un centro de cuidado diurno para niños bajo el programa Head Start en los cuales no se cobre cargo por el cuidado y los servicios prestados, por cualquier iglesia, entidad o corporación privada sin fines de lucro, se computará a los efectos de las disposiciones de esta Ley como si los servicios hubieran sido prestados en las escuelas públicas, siempre que tales maestros paguen la aportación individual a base de los salarios que recibían, más la aportación patronal y los intereses correspondientes.

 

(8)               Todo participante del Sistema que tuviera servicios anteriores prestados al Gobierno, sus instrumentalidades, dependencias, agencias o cualquier otro organismo gubernamental, sin acreditar en algunos de los Sistemas de Retiro vigentes en Puerto Rico para empleados en el servicio público, por no haber sido posible cotizar a dichos sistemas debido al impedimento de su clasificación como empleado, podrá obtener crédito por dichos servicios mediante el pago al Sistema de las aportaciones individuales y patronales más los intereses correspondientes. Dichos servicios pueden haber sido prestados en puestos regulares, transitorios, de emergencia, irregulares, sustitutos, o de cualquier otra clasificación al gobierno de Puerto Rico, sus agencias, instrumentalidades o cualquier otro organismo gubernamental.

 

(9)               Aquellos participantes del Sistema a quienes para mejorar profesionalmente se les hubiere concedido licencia con o sin sueldo, o con beca, tendrán derecho a que se les acredite el período de tales licencias siempre que aportaren una suma igual a la aportación individual, aportación patronal e intereses y siempre que acreditaren, además, haber aprobado durante cada año de licencia, por lo menos doce (12) créditos universitarios en una universidad reconocida. En el caso de los participantes para los que no existan en los archivos del Departamento de Educación documentos que acrediten habérsele concedido la licencia, bastará con que el maestro someta evidencia oficial de la universidad en donde hubiere hecho los estudios acreditando que dicho participante mejoró profesionalmente en el campo de la educación, siempre que en el Sistema haya constancia de que tal participante estuvo en servicio activo antes y después de disfrutar de dicha licencia.

 

(10)           A todo participante del Sistema se le abonará como servicio acreditable para todos los fines de esta Ley el período de servicio militar prestado en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América durante cualquier conflicto armado, si el participante hubiere obtenido su licenciamiento honorable de dicho servicio militar. Si el servicio militar hubiese sido prestado en tiempos de paz, se le abonará como servicio acreditable hasta un máximo de cinco (5) años. Será también servicio acreditable, independientemente de cualquier otro servicio militar acreditable bajo esta cláusula, el tiempo en servicio activo prestado por un reservista o por un miembro de la Guardia Nacional de Puerto Rico, que hubiese sido llamado a servicio activo o transferido de la reserva a servicio activo en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, durante cualquier período de conflicto armado o en tiempo de paz, desde la fecha del llamado o de la transferencia y hasta la fecha en que cese o se deje sin efecto la orden de llamado o de transferencia. Para la acreditación de estos servicios, el participante pagará al Sistema las aportaciones que correspondan a base de los sueldos percibidos durante los servicios en las Fuerzas Armadas o del sueldo percibido al ingresar o regresar al servicio gubernamental, si los servicios fueron prestados en tiempo de paz. El participante pagará, además, la aportación patronal correspondiente que determine el Sistema.

 

(11)           Será acreditable el tiempo invertido en estudios para veteranos cursados bajo un plan estatal o federal para veteranos, siempre que no constituya una doble acreditación, si el participante sirvió al ejército de los Estados Unidos de América y obtuvo su licenciamiento honorable. Si el participante era miembro del Sistema y se acogió a licencia sin sueldo para cursar los estudios, solamente pagará la aportación individual que corresponda a base del sueldo que devengaba al acogerse a la licencia sin sueldo o del sueldo que empezó a percibir al reintegrarse al servicio público, cualesquiera que fuese el más bajo. El patrono gubernamental que le concedió la licencia sin sueldo para cursar los estudios pagará la aportación que determine el Sistema más los intereses correspondientes a dicha aportación patronal. Si el participante no era miembro del Sistema, pagará las aportaciones individuales y patronales correspondientes a base del sueldo percibido al ingresar al Sistema o del sueldo percibido al momento de solicitar la acreditación, cualesquiera que fuese el más bajo.

 

(b)               Requisitos:

 

(1)               Para obtener el crédito por los servicios mencionados en el inciso (a) de este Artículo, el participante tiene que estar en servicio activo y solicitarlo por escrito al Sistema en o antes del 31 de julio de 2014, excepto se dispone en el párrafo 6 de este inciso (b).

 

(2)               El participante debe presentar una certificación de la entidad donde se prestaron los servicios acreditando el tiempo trabajado con dicha entidad, el cargo que desempeñaba y el salario mensual que recibía, si aplica.

 

(3)               El participante debe efectuar el pago por aportaciones correspondiente, el cual se determinará a base del salario establecido en este Artículo y el tipo de aportación individual y patronal vigentes a la fecha en que se prestaron estos servicios, más el interés compuesto, el cual será de nueve punto cinco por ciento (9.5%) compuesto anualmente.

 

(4)               El pago de estos servicios al descubierto podrá hacerse en un solo pago o mediante descuentos o pagos parciales mensuales que no excedan de ochenta y cuatro (84) plazos, mientras el participante esté en servicio activo. El crédito de años de servicios se concederá cuando la deuda quede salda en su totalidad. Si el participante se separa del servicio sin haber liquidado la totalidad de la deuda podrá retirar lo aportado para este concepto o a solicitud del maestro acreditar los años de servicio que correspondan a lo pagado hasta la fecha de efectividad de la separación del servicio.

 

(5)               En el caso del servicio militar prestado en las Fuerzas Armadas o cursando estudios sufragados total o parcialmente con fondos provistos por el Departamento de Asuntos del Veterano del Gobierno de los Estados Unidos (“Department of Veterans' Affairs”), antes Administración de Veteranos (“Veterans' Administration”), el  participante deberá someter al Sistema la Forma 214 (“Certificate of Release of Discharge from Active Duty”) o su equivalente para acreditar dichos servicios prestados en o antes del 31 de julio de 2014. El tipo de interés a pagar será a base de un interés simple al seis por ciento (6%) anual a base del sueldo que resulte menor entre aquél devengado al ingresar al servicio gubernamental o aquél percibido al ingresar al servicio activo en las Fuerzas Armadas o a la fecha de licenciamiento de éstas.

 

(6)               Las disposiciones del inciso E del Artículo 4 de la Ley 203-2007, según enmendada, y conocida como la “Carta de Derechos del Veterano Puertorriqueño del Siglo XXI”, continuarán aplicando a los participantes del Sistema que sean veteranos o veteranas sólo respecto a los servicios prestados hasta el 31 de julio de 2014. No obstante, no habrá fecha límite para que los veteranos soliciten la acreditación de servicios no cotizados que se prestaron en o antes del 31 de julio de 2014.

 

(7)               Cualquier participante del Programa de Aportaciones Definidas que, en o después del 1ro de agosto de 2014 se encuentre acogido a una licencia militar por estar en el servicio activo en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América y no tenga la obligación de aportar compulsoriamente bajo esta Ley, podrá hacer aportaciones voluntarias a su cuenta en el Programa de Aportaciones Definidas por el tiempo que se encuentre acogido a dicha licencia militar.  No habrá fecha límite para que los militares realicen dichas aportaciones voluntarias.  Estas aportaciones se acreditarán a la Cuenta de Aportaciones Definidas de dicho participante del Programa de Aportaciones Definidas.  El Director Ejecutivo establecerá la manera en que estos participantes podrán realizar estas aportaciones voluntarias a su cuenta en el Programa de Aportaciones Definidas.

 

(8)               El Sistema podrá conceder a cualquier participante que solicite el retiro un préstamo personal especial para el pago de servicios no cotizados. Este préstamo personal especial no será renovable e incluirá los intereses correspondientes. La concesión de estos préstamos personales especiales estará sujeta a las normas y condiciones que establezca el Sistema mediante reglamento disponiéndose que el interés a cobrarse no excederá del nueve punto cinco por ciento (9.5%). Los créditos por los servicios no cotizados cubiertos por un préstamo personal especial quedarán reconocidos y acreditados tan pronto el Sistema conceda el préstamo.

 

(9)               No obstante lo anterior, tanto la aportación individual del solicitante con sus intereses, así como la aportación patronal con sus intereses podrá ser pagada, en todo o en parte, adicionalmente y de forma voluntaria, por el solicitante, por la unión u organización obrera a la cual pertenezca el solicitante, o por terceros sin que ello libere de responsabilidad contributiva a quien efectúe el pago a título gratuito o al beneficiado, cuando ha sido efectuado el pago a título oneroso.

 

 

Artículo 3.7-Reingreso del Pensionado al Servicio Activo.

 

(a)               El pensionado que haya reingresado al servicio activo en el Sistema en o antes del 31 de julio de 2014 podrá optar por:

 

(1)               Devolver mientras sea participante activo todos los pagos recibidos del Sistema por concepto de pensión, en cuyo caso, a su separación definitiva del servicio se le computará de nuevo la pensión a base de todos los servicios prestados con anterioridad y posterioridad a su reingreso, en la forma que prescribe esta Ley, o

 

(2)               no devolver los pagos de pensión ya recibidos, en cuyo caso, a su separación definitiva del servicio, se le reanudará el pago de la pensión suspendida y además se le pagará una pensión suplementaria a base de los servicios prestados y el salario promedio devengado a partir de su reingreso al servicio. La pensión suplementaria se computará de conformidad con la fórmula establecida en esta Ley; y en caso de que el período de servicios posteriores al reingreso fuere menor de cinco (5) años, se utilizará el salario promedio que resulte de todo el referido período de servicios posteriores, hasta el 31 de julio de 2014.

 

(b)               A partir del 1 de agosto de 2014, el pago de la pensión que perciba cualquier pensionado será inmediatamente suspendido tan pronto como ocupe un puesto remunerado en el Gobierno.  Luego de su separación del servicio se le reanudará el pago de la pensión suspendida y, además, tendrá la opción de retirar aquellas aportaciones hechas desde la fecha en que dicho pensionado se reintegró al servicio hasta su separación de este si, luego de ser reintegrado al servicio, trabajó menos de cinco (5) años o acumuló en aportaciones menos de diez mil dólares ($10,000).  De haber trabajado cinco (5) años o más y haber aportado diez mil dólares ($10,000) o más, luego de su reintegro al servicio, el pensionado tendrá derecho a una pensión adicional calculada de acuerdo a esta Ley.

 

Artículo 3.8.-Cómputo de los años de servicios.

 

(a)               Al computar los años de servicios a que tiene derecho un participante, se tomará como base la fecha del primer nombramiento que se le extendió para prestar sus servicios.

 

(b)               Los servicios prestados por los participantes del Sistema se calcularán de la siguiente manera:

 

(1)               Maestros – Quince (15) días calendario de un (1) mes de año escolar equivaldrá a un (1) mes calendario trabajado en el año escolar.

 

(2)               Otros Participantes – Veintiún (21) días calendario de un (1) mes equivaldrá a (1) mes calendario trabajado.

 

(c)                Sujeto a las disposiciones del Artículo 3.6, todos los períodos de separación del servicio y períodos de licencias sin sueldo, serán excluidos de dicho cómputo y no contarán para los efectos del retiro, excepto los períodos de licencias con o sin sueldo y los de becas, siempre que tales licencias o becas se concedan para mejorar profesionalmente. 

 

Artículo 3.9.-Edad de Retiro.

 

(a)               Aquellos participantes que a la fecha de efectividad de esta ley tenían derecho a retirarse y recibir algún tipo de pensión bajo la Ley 91-2004, según enmendada, por haber cumplido con los requisitos de años de servicio y edad correspondientes, podrán retirarse en cualquier fecha posterior a la fecha de efectividad de esta ley.

 

(b)               Aquellos participantes que al 31 de julio de 2014 tengan derecho a retirarse y recibir algún tipo de pensión bajo las disposiciones de la Ley 91-2004, según enmendada, o tengan derecho a retirarse bajo las disposiciones de esta ley por haber cumplido con los requisitos de años de servicio y edad correspondientes, podrán retirarse en cualquier fecha posterior al 1ro de agosto de 2014.

 

(c)                A partir del 1ro de agosto de 2014, cualquier participante activo al 31 de julio de 2014 podrá solicitar el retiro cuando:

 

(1)               cumpla cincuenta y cinco (55) años de edad y complete por lo  menos treinta (30) años de servicio; o

 

(2)               cumpla sesenta (60) años de edad y complete por lo menos cinco (5) años de servicio.

 

(d)              Cualquier participante en servicio activo que haya ingresado al Sistema a partir del 1ro de agosto de 2014 podrá solicitar el retiro cuando:

 

(1)               cumpla sesenta y dos (62) años de edad y complete al menos cinco (5) años de servicio; y

 

 

(2)               haya hecho aportaciones individuales de diez mil dólares ($10,000) o más.

 

Artículo 3.10.-Pensión al acogerse al retiro.

 

(a)               Aplicabilidad y Requisitos - Todo participante activo del Sistema tendrá derecho a recibir una pensión si cumple con los siguientes requisitos:

 

(1)               tener la edad establecida en la Ley para acogerse al retiro, de acuerdo con la fecha de ingreso a la matrícula del Sistema;

 

(2)               haber completado los períodos de servicios especificados en la Ley;

 

(3)               haber saldado los servicios no cotizados que le fueron informados y sean necesarios para ser acreedor a una pensión, si aplicara; y

 

(4)               no haber retirado sus aportaciones individuales del Sistema.

 

 

Artículo 3.11.-Pensión mínima.

 

(a)               Todo participante activo al 31 de julio de 2014 que no era elegible a retirarse a esa fecha con una pensión cuyo beneficio sea igual o mayor al 65% del Salario Promedio, y posteriormente solicite el retiro al cumplir treinta (30) años de servicio y cincuenta y cinco (55) años de edad, tendrá derecho a una pensión mínima de mil seiscientos veinticinco dólares ($1,625) mensuales. Se garantizará la pensión mínima de mil seiscientos veinticinco dólares ($1,625) para los maestros que se integren al Sistema a partir del 1 de agosto de 2014, al cumplir los requisitos de edad y años de servicio según dispuesto en el Artículo 3.9 (d).

 

(b)               Se fija una pensión mínima de quinientos dólares ($500) mensuales para los participantes que se retiraron en o antes del 31 de julio de 2014.  Todo pensionado que esté recibiendo una pensión menor de quinientos dólares ($500) mensuales recibirá, a partir del 1ro de agosto de 2014, el aumento necesario para que su pensión sea de quinientos dólares ($500) mensuales.

 

(c)                Cada cuatro (4) años, el Sistema solicitará un estudio actuarial en el cual se evalúe el impacto de realizar un aumento en la pensión mínima establecida en este Artículo. En el caso de que el actuario favorezca un aumento en la pensión mínima, la Junta de Síndicos del Sistema se verá obligada a adoptarlo al comenzar el siguiente año fiscal.

Artículo 3.12.-Efectividad de la Pensión

 

La fecha de efectividad de la pensión por retiro para aquel participante que tenga derecho a percibir la misma será al día siguiente de la fecha de su separación del servicio o en la fecha posterior que él especifique en la solicitud de retiro, pero en ningún caso antes de su separación del servicio, excepto cuando en las disposiciones de esta Ley se disponga otra cosa.

 

Artículo 3.13.-Prueba del nacimiento.

 

No se concederá la pensión por edad y años de servicios hasta tanto el participante que la ha solicitado haya probado a satisfacción del Sistema, con los documentos necesarios, la fecha de su nacimiento.

 

Artículo 3.14.-Pensión será personal; cesión o embargo, prohibidos.

 

El derecho a una pensión es personal, y su cesión o traspaso será nulo. La pensión no responderá de deudas contraídas por el pensionado, excepto de las que hubiere contraído con el Sistema, y no podrá ser embargada ni afectada por ningún procedimiento judicial, salvo por actos de corrupción según dispuesto en el Artículo 7.4 de esta Ley.

 

Artículo 3.15.- Exención de la Asociación de Empleados.

 

(a)               Los participantes del Sistema quedarán exentos del cumplimiento de las disposiciones de la Ley 9-2013, según enmendada, siempre que lo comunicaren así por escrito a la Asociación de Empleados del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (AEELA) dentro de los sesenta (60) días siguientes de haber comenzado a cotizar bajo el Sistema.

 

(b)               Aquellos participantes que optaren por no acogerse a las disposiciones de la Ley 9-2013, sólo podrán retirar sus fondos en la AEELA en la forma dispuesta en la referida Ley.

 

(c)                Los participantes que continúen siendo miembros de AEELA deberán cumplir con todas las disposiciones contenidas en la Ley.

 

Artículo 3.16.-Deducciones de la pensión para cuotas o seguro.

 

(a)               Aquellos participantes que estuvieren recibiendo o que en el futuro reciban una pensión podrán autorizar al Sistema a descontar de su pensión una cantidad determinada para pagar la cuota mensual como miembro de la Asociación de Maestros de Puerto Rico, las cuotas de la AEELA para el pago del seguro, las acciones y otras obligaciones de la Cooperativa de Crédito de los Maestros de Puerto Rico, o cualquier otra deducción que el maestro pensionado solicite.

 

(b)               El Sistema pondrá a la disposición de la Asociación de Maestros de Puerto Rico, de la AEELA, de la Cooperativa de Crédito de los Maestros de Puerto Rico, o de la Oficina Federal de Rentas Internas en cheque expedido a favor de dichas asociaciones las cantidades así deducidas.

 

Artículo 3.17.-Distribución de las aportaciones al ocurrir muerte de participante inactivo del Sistema.

 

(a)               Cuando ocurriere el fallecimiento de un participante inactivo del Sistema, sus aportaciones acumuladas serán devueltas con el interés compuesto, luego de descontar las deudas que tuviere contraídas con el Sistema.

 

(b)               Tal devolución corresponderá a los beneficiarios designados por él ante el Sistema en la designación de beneficiarios, o en su defecto a sus herederos legales.

 

Artículo 3.18.-Distribución de las aportaciones individuales al ocurrir muerte.

 

            Al fallecer un participante activo en o antes del 31 de julio de 2014, sus beneficiarios recibirán su aportación individual e intereses devengados más una suma igual al equivalente a un (1) año de salario en el puesto que ocupaba al fallecer.

 

CAPÍTULO 4.-PROGRAMA DE BENEFICIOS DEFINIDOS PARA PARTICIPANTES EN EL SISTEMA AL 31 DE JULIO DE 2014

 

Artículo 4.1.-Fondo de Aportaciones del Sistema

 

(a)        El “Fondo de Anualidades y Pensiones para Maestros de Puerto Rico”, se denominará a partir de la fecha de vigencia de esta ley como el “Fondo de Aportaciones del Sistema”, el cual se mantendrá y nutrirá de la siguiente forma:

 

(1)               con los fondos y activos existentes en el “Fondo de Anualidades y Pensiones para Maestros de Puerto Rico” a la fecha de vigencia de esta Ley;

 

(2)               con las aportaciones individuales fijadas hechas antes del 1 de agosto de 2014, según se dispone en el Artículo 4.3(a) de esta Ley;

 

(3)               con las aportaciones patronales fijadas según se dispone en el Artículo 4.3(b) de esta Ley;

 

(4)               con las aportaciones que hicieren las instituciones privadas de acuerdo con los términos establecidos en esta Ley;

 

(5)               con todas las donaciones y legados que se hagan a este Fondo;

 

(6)               con las asignaciones en el Presupuesto de Gastos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para financiar los beneficios adicionales a los pensionados; y

 

(7)               con los intereses, dividendos, rentas y ganancias netas que produzca la inversión de los activos del Fondo.

 

Artículo 4.2.-Cuenta de Aportaciones al Fondo

 

El Sistema llevará una cuenta individual a cada participante del Sistema para acreditarle la cantidad total a que asciendan todas las aportaciones individuales con que haya contribuido al Fondo hasta el 31 de julio de 2014. Las aportaciones individuales de aquellos participantes del Sistema que al 31 de julio de 2014 no cuentan con diez (10) años de servicio, se traspasarán a la Cuenta de Aportaciones Definidas del participante creada bajo el Capítulo 5 de esta Ley.

 

Artículo 4.3.-Aportaciones al Fondo.

 

(a)        Aportación Individual: Los participantes activos del Sistema deberán contribuir al Fondo, hasta el 31 de julio de 2014, el nueve por ciento (9%) del total del salario mensual que devenguen.

 

(b)       Aportación Patronal: Los patronos realizarán una aportación mensual al Fondo equivalente al once punto cinco por ciento (11.5%) del salario mensual que devengue el participante del Sistema. A partir de 1 de julio de 2014, la aportación patronal se incrementará anualmente en un uno por ciento (1%) del salario mensual del participante del Sistema, hasta el 30 de junio de 2016.  A partir del 1ro de julio de 2016 hasta el 30 de junio de 2021, la aportación patronal aumentará anualmente en un uno punto veinticinco por ciento (1.25%) del salario mensual del participante del Sistema.  A partir del 1ro de julio de 2021 y en adelante, la aportación patronal aumentará a veinte punto quinientos veinticinco por ciento (20.525%) del salario mensual del participante.  La aportación patronal, con respecto a participantes del Programa de Aportaciones Definidas, se continuará depositando en el Fondo.

Artículo 4.4.-Pensión por Edad y Años de Servicio

 

(a)        Se preservan los derechos de aquellos participantes en servicio activo que al 31 de julio de 2014, contaban con los requisitos indicados en este Artículo. Se dispone que hasta el 31 de julio de 2014 los participantes acumularán los años de servicio y el Salario Promedio aplicable hasta dicha fecha. A partir del 1ro de agosto de 2014, el Sistema no reconocerá servicios no cotizados, ni aceptará devoluciones de aportaciones sobre periodos trabajados antes del  31 de julio de 2014. Los participantes en servicio activo al 31 de julio de 2014, tendrán derecho a acogerse a una de las siguientes pensiones:

 

(1)               Aquellos participantes que en o antes del 31 de julio de 2014 cuenten con más de treinta (30) años de servicio y cumplieron al menos cincuenta (50) años de edad: tendrán derecho a una pensión equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del Salario Promedio, calculada hasta el 31 de julio de 2014. Aquellos participantes que cumplan con estos requisitos de elegibilidad en o antes del 31 de julio de 2014, podrán retirarse en cualquier momento.  La pensión a la que podrán acogerse será aquella acumulada hasta el 31 de julio de 2014, sumada a la pensión por el periodo trabajado a partir del 1ro de agosto de 2014, que será computada según se dispone el Capítulo 5 de esta Ley.  Si dicho participante se retirase antes de cumplir los 55 años de edad, aportará al Fondo la aportación individual aplicable durante cada año que le falte para llegar a los 55 años.  Igualmente, el patrono aportará al Fondo la aportación patronal respectiva durante el mismo periodo.

 

(2)               Aquellos participantes que al 31 de julio de 2014, cuenten con más de treinta (30) años de servicio pero menos de cincuenta (50) años de edad: tendrán derecho a una pensión equivalente al sesenta y cinco por ciento (65%) del Salario Promedio, calculada hasta el 31 de julio de 2014. Aquellos participantes que cumplan con estos requisitos de elegibilidad en o antes del 31 de julio de 2014, podrán retirarse en cualquier momento. La pensión a la que podrán acogerse será aquella acumulada hasta el 31 de julio de 2014, sumada a la pensión por el periodo trabajado a partir del 1ro de agosto de 2014, que será computada según se dispone el Capítulo 5 de esta Ley.

 

(3)               Aquellos participantes que al 31 de julio de 2014 cuenten con  más de veinticinco (25) años pero menos de treinta (30) años de servicio, pero cuenten con cincuenta (50) años de edad: tendrán derecho a una pensión equivalente al uno punto ocho (1.8) por ciento del Salario Promedio, multiplicado por el número de años de servicios prestados, calculada hasta el 31 de julio de 2014.  Aquellos participantes que cumplan con estos requisitos de elegibilidad en o antes del 31 de julio de 2014, podrán retirarse en cualquier momento. La pensión a la que podrán acogerse será aquella acumulada hasta el 31 de julio de 2014, sumada a la pensión por el periodo trabajado a partir del 1ro de agosto de 2014, que será computada según se dispone el Capítulo 5 de esta Ley.

 

(4)               Aquellos participantes que al 31 de julio de 2014 cuenten con más de veinticinco (25) años pero menos de treinta (30) años de servicio, y cuenten con cuarenta y siete (47) años o más, pero menos de cincuenta (50) años de edad: tendrán derecho al noventa y cinco por ciento (95%) de una pensión equivalente al uno punto ocho por ciento (1.8%) del Salario Promedio, multiplicado por el número de años de servicios prestados, calculada hasta el 31 de julio de 2014. Aquellos participantes que cumplan con estos requisitos de elegibilidad en o antes del 31 de julio de 2014, podrán retirarse en cualquier momento. La pensión a la que podrán acogerse será aquella acumulada hasta el 31 de julio de 2014, sumada a la anualidad por el periodo trabajado a partir del 1ro de agosto de 2014, que será computada según se dispone el Capítulo 5 de esta Ley.  Si dicho participante continuara trabajando hasta cumplir los treinta (30) años de servicio y los cincuenta y cinco (55) años de edad, no le aplicará el  noventa y cinco por ciento (95%)  de la pensión computada al 31 de  julio de 2014 y se le sumará  la pensión a la que tenga derecho a la anualidad por el periodo trabajado a partir del 1ro de agosto de 2014, que será computada según se dispone el Capítulo 5 de esta Ley.

 

(5)               Aquellos participantes que al 31 de julio de 2014, contaban con más de diez (10) años pero menos de veinticinco (25) años de servicio, pero contaban con sesenta (60) años de edad: tendrán derecho a una pensión equivalente al uno punto ocho por ciento (1.8%) del Salario Promedio, multiplicado por el número de años de servicios prestados, calculada hasta el 31 de julio de 2014. Aquellos participantes que cumplan con estos requisitos de elegibilidad en o antes del 31 de julio de 2014, podrán retirarse en cualquier momento. La pensión a la que podrán acogerse será aquella acumulada hasta el 31 de julio de 2014, sumada a la pensión por el periodo trabajado a partir del 1ro de agosto de 2014, que será computada según se dispone el Capítulo 5 de esta Ley.

 

(b)       Todo participante del Sistema activo al 31 de julio de 2014 que no sea acreedor a una pensión bajo el inciso (a) de este Artículo, podrá solicitar una pensión según se establece en esta Ley. La pensión a la que podrá acogerse será aquella pensión a la que tenga derecho bajo la Ley 91-2004, según enmendada, con sus aportaciones acumuladas hasta el 31 de julio de 2014, sumada a la pensión por el periodo trabajado a partir del 1ro de agosto de 2014, que será computada según se dispone el Capítulo 5 de esta Ley.

 

(c)        Pensión Diferida:           

 

            (1)        Todo participante inactivo al 31 de julio de 2014 que haya terminado por lo menos diez (10) años de servicios acreditables y que no haya solicitado ni recibido reembolso de sus aportaciones acumuladas, tendrá derecho a recibir una pensión diferida, que comenzará a disfrutar cuando haya cumplido los sesenta (60) años de edad, o a opción suya, en cualquier fecha posterior que lo desee. Dicha pensión diferida será equivalente al uno punto ocho por ciento (1.8%) del Salario Promedio, multiplicado por el número de años de servicios prestados, calculada hasta el 31 de julio de 2014. Esta pensión diferida nunca será menor de cuatrocientos (400) dólares.

 

(d)       Pago de Aportación Individual y Patronal a Pensiones Otorgadas:

 

(1)               Todo participante a quien se le haya otorgado una pensión en o antes del 31 de julio de 2014, y todo participante que a partir del 1ro de agosto de 2014 reciba una pensión al amparo del inciso (a) de este Artículo, deberá continuar aportando al Fondo con la aportación individual establecida en esta Ley, hasta cumplir con el requisito de cincuenta y cinco (55) años de edad. El patrono de cada uno de estos participantes al momento de su retiro deberá contribuir con la aportación patronal correspondiente, hasta que se cumpla con el  requisito de 55 años de edad. La contribución del patrono por este concepto será retroactiva a la aprobación de la Ley 45-2000 y aplicará sobre todos los pensionados que desde esa fecha se pensionaron sin haber cumplido con los requisitos de treinta (30) años de servicio y cincuenta y cinco (55) años de edad. El Sistema preparará una certificación de las aportaciones patronales para que el patrono incluya el pago correspondiente en el Presupuesto de Gastos de la agencia para cada año fiscal. Si fallece el pensionado previo a cumplir con la obligación de pago, la porción que quede al descubierto será cubierta por los beneficiaros con derecho a pensión.  De igual manera, el patrono continuará con los pagos correspondientes hasta cumplir con la obligación de pago.

 

Artículo 4.4(a).- “Grandfather Provision”

 

            Aquellos participantes que, de no haberse aprobado esta Ley, hubiesen tenido derecho a retirarse con una pensión bajo el Artículo 40 (b)(1) y (b)(2) de la Ley 91-2004, según enmendada, por cumplir treinta (30) años de servicio acreditados entre el 1 de agosto de 2014 y el 30 de junio de 2016, podrá hacerlo bajo los siguientes términos:

 

                           (a)      Para aquel participante que hubiera completado treinta (30) o más años de servicios acreditados durante dicho periodo pero no haya cumplido cincuenta y cinco (55) o más años de edad en o antes de la efectividad de esta Ley, se le concederá el setenta por ciento (70%) del salario promedio de dicho participante a la fecha de efectividad de esta ley. Para beneficiarse de esta disposición el participante estará obligado a retirarse efectivo el 31 de julio de 2014 y deberá continuar aportando al Sistema con la aportación individual establecida en el Artículo 4.4(d) de esta Ley hasta que cumpla 55 años de edad. De igual manera, el patrono deberá continuar al Sistema con la aportación patronal establecida en el Artículo 4.4(d) de esta ley hasta que el participante cumpla cincuenta y cinco (55) años de edad.

 

                           (b)      Para aquel participante que hubiera completado treinta (30) o más años de servicios acreditados durante dicho periodo y cumplido cincuenta y cinco (55) o más años de edad en o antes de la efectividad de esta ley, se le concederá el setenta por ciento (70%) del salario promedio de dicho participante a la fecha de efectividad de esta Ley. Para beneficiarse de esta disposición  el participante estará obligado a retirarse efectivo el 31 de julio de 2014.

 

Aquellos participantes en el servicio activo que cumplan con los requisitos para recibir una pensión bajo este artículo y deseen acogerse a la disposición de esta sección, estarán obligados a notificar dicha renuncia, final y firme, al Departamento de Educación con copia al Sistema de Retiro de Maestros en o antes del 31 de marzo de 2014.

 

Artículo 4.5.-Retiro por incapacidad.

 

(a)        Hasta el 31 de julio de 2014, el participante en servicio activo que solicite una pensión por incapacidad, tendrá derecho a que se le conceda una renta anual vitalicia cuya cantidad será igual a lo establecido en el Artículo 4.6.

 

(b)       A partir del 1ro de agosto de 2014, el Sistema le concederá una pensión por incapacidad de acuerdo al Artículo 4.6 a todo participante activo que se incapacite después de haber servido cinco (5) años, ya sea como consecuencia del trabajo o cuando la incapacidad no tenga relación con su trabajo.

 

(c)        El retiro por incapacidad podrá ser concedido a solicitud del participante o a solicitud de la autoridad nominadora, y mediante la aprobación por el Sistema.

 

(d)       El participante será examinado por un médico autorizado para ejercer la profesión, designado por el Sistema, quien rendirá un informe al Director Ejecutivo sobre el particular.

 

(e)        Los participantes que entren al Sistema a partir del 1ro de agosto de 2014, tendrán derecho a los beneficios por incapacidad que se establecen en el Capítulo 5 de esta Ley.

 

Artículo 4.6.-Cómputos de Pensión por Incapacidad.

 

(a)               Hasta el 31 de julio de 2014, el participante en servicio activo que solicite una pensión por incapacidad, tendrá derecho a que se le conceda una renta anual vitalicia cuya cantidad será igual a uno punto ocho (1.8) por ciento del promedio más alto del salario durante cinco (5) años consecutivos, o del número de años servidos si fueren menos de cinco (5) años, multiplicado por el número de años de servicios prestados. Esta renta anual vitalicia nunca será menor del mínimo establecido por esta ley.

 

(b)               A partir del 1ro de agosto de 2014, el participante activo al 31 de julio de 2014 que se retire del servicio por incapacidad tendrá derecho a que se le conceda una pensión posterior a esa fecha cuya cantidad será igual a uno punto ocho por ciento (1.8%) de la retribución promedio durante cinco (5) años consecutivos, o durante el número de años servidos si fueren menos de cinco (5) años, multiplicado por el número de años de servicios prestados hasta el 1 de agosto de 2014 hasta  un máximo de treinta y tres por ciento (33%) de su sueldo promedio, sumado a la cantidad provista por la pensión correspondiente conforme al Capítulo 5 de esta Ley. Esta pensión por incapacidad nunca será menor de quinientos dólares ($500) mensuales.

 

(c)                Los participantes que al 31 de julio de 2014 reciban beneficio por incapacidad bajo el Sistema, continuarán recibiendo los mismos sin alteración, excepto se suspendan conforme lo establecido en esta Ley.

 

(d)              Los beneficios por incapacidad de los participantes que ingresen al Sistema a partir del 1ro de agosto de 2014, se determinarán conforme a lo establecido en el Capítulo 5 de esta ley.

 

Artículo 4.7.- Suspensión de las pensiones por incapacidad; exámenes.

 

               (a)                        Los pensionados por incapacidad del Sistema dejarán de recibir la pensión tan pronto cese la incapacidad o reingresen al servicio gubernamental.

 

               (b)                        También cesará la pensión por incapacidad de los que se dediquen a ocupaciones no gubernamentales por las que reciban remuneración mayor de mil (1,000) dólares mensuales.

 

                (c)                        Los pensionados por incapacidad del Sistema de acuerdo con las disposiciones de esta Ley o cualquier otra ley anterior de pensiones, serán examinados periódicamente por un médico nombrado por el Sistema. Si dicha incapacidad desapareciere, el pago de la pensión continuará por un período de seis (6) meses a partir de la fecha del examen médico que lo declara capacitado para reingresar al servicio.

 

              (d)                        Cuando un pensionado por incapacidad rehusare someterse al examen médico correspondiente ordenado por el Sistema, después de ser requerido para ello en tres (3) ocasiones distintas a intervalos de no más de un mes, se considerará que dicho pensionado por incapacidad renuncia a su pensión y el pago de la misma cesará al finalizar el mes que corresponda al último requerimiento.

 

Artículo 4.8.-Pagos después del fallecimiento de un participante pensionado.

 

(a)               Al fallecer una persona que sea pensionado se le pagará su pensión completa por el mes en que ocurriere el fallecimiento, para que la disfruten sus beneficiarios. Además, se pagará una quincena adicional final luego del mes en que ocurriese el fallecimiento del pensionado, pero sus beneficiarios o herederos forzosos o legales de no haberse hecho una designación de beneficiarios, recibirán el balance de sus aportaciones siempre y cuando no existan derechos a recibir pensión como beneficiarios, después de deducir aportaciones pagadas, y en ningún caso recibirán menos de mil dólares ($1,000) dólares, en un solo pago. Este beneficio no será de aplicación a los beneficiarios, herederos forzosos o legales del pensionado fallecido que haya ingresado al Sistema a partir del 1 de agosto del 2014.

 

(b)               Cuando dicho pensionado dejase hijos matriculados en un programa regular de escuela pública, privada o institución de educación post-secundaria, sin aplicar lo concerniente a estudios a hijos incapacitados, o menores de seis (6) años de edad, estos continuarán percibiendo la mitad de la pensión distribuida entre dichos hijos por partes iguales. Dichos hijos cesarán de recibir la pensión cuando cumplan la edad de veintidós (22) años o, de ocurrir antes de esa fecha, cuando cesen de estar matriculados a tiempo completo en una institución educativa. La cantidad pagadera a cualquier hijo que cese de recibirla por este motivo acrecerá a los demás hijos por partes iguales. De haber hijos incapacitados, estos continuarán recibiendo la porción correspondiente a la primera distribución mientras dure la incapacidad.  Al cumplir los seis (6) años de edad, al hijo o los hijos no incapacitados le aplicarán todas las disposiciones concernientes a estudios. La solicitud de anualidad para estos menores la presentará el padre o madre supérstite que demuestre que tiene la patria potestad, un tutor legalmente nombrado por un tribunal de justicia o un tutor administrativo nombrado por la Agencia, y el pago de la anualidad para los menores se hará al padre o madre supérstite o al tutor.

 

(c)                Cuando dicho pensionado dejare un viudo, este recibirá la mitad de dicha pensión.

 

(d)              La incapacidad de los hijos a que se refiere este Artículo debió surgir antes de advenir la mayoría de edad. La incapacidad tiene que ser de tal naturaleza que nunca le haya permitido al incapacitado llevar una vida independiente fuera del núcleo familiar del pensionado fallecido, o que al menos, nunca le haya permitido al incapacitado llevar una vida independiente en su totalidad de sus padres, dependiendo de manera continua del pensionado fallecido en al menos un cincuenta (50) porciento de sus necesidades.  De estar recibiendo pensión o ingreso por derecho propio por razón de su incapacidad , el hijo incapacitado solo tendrá derecho a recibir las partidas dispuestas en el inciso (a) de este artículo, sin que le sean aplicables las disposiciones sobre estudios.

 

(e)               El Sistema tendrá la facultad de solicitar, investigar, examinar y evaluar la prueba que se le presente sobre los requisitos de incapacidad, edad y estudios de los solicitantes del beneficio aquí establecido; así como también tendrá la facultad en ley de velar periódicamente por que se continúen cumpliendo con los requisitos aquí dispuestos. La negativa o incumplimiento injustificado de los solicitantes o beneficiarios de proveer la información solicitada por el Sistema y la falta de cooperación con las investigaciones que se lleven a cabo a estos efectos, conllevará la pérdida del beneficio.

 

(f)                 El derecho de pensión de un beneficiario termina automáticamente en la quincena en que ocurra su fallecimiento.  Cualquier pago realizado posterior a esa fecha será devuelto al Fondo.

(g)               Al fallecer un participante, se pagarán los beneficios por defunción a la(s) persona(s) que este hubiere nombrado por escrito en el formulario adoptado por el Sistema. Para que la designación de beneficiarios sea válida debe radicarse ante el Sistema en vida del participante.

 

(h)               Los beneficiarios que al 31 de julio de 2014 reciban algún beneficio por fallecimiento de un pensionado, continuarán recibiendo los mismos sin alteración.

 

(i)                 Los pagos por defunción que correspondan a un participante que se pensione a partir del 1ro de agosto de 2014, se determinarán conforme a lo establecido en el Capítulo 5 de esta Ley.

 

Artículo 4.9.-Beneficios Adicionales.

 

(a)                  Todo pensionado al 31 de julio de 2014, tendrá derecho a recibir los siguientes beneficios adicionales:

 

(1)            un Bono para Medicamentos equivalente a cien dólares ($100), cuyo pago se efectuará no más tarde del 15 de julio de cada año;

 

(2)           un Aguinaldo de Navidad equivalente a doscientos dólares ($200), cuyo pago se efectuará no más tarde del 20 de diciembre de cada año; y

 

(3)               una aportación del Gobierno para beneficios de salud para los pensionados cubiertos por los planes de beneficios de salud bajo la Ley Núm. 95 de 29 de junio de 1963, según enmendada, de cien dólares ($100) mensuales para los pensionados del Sistema, pero dicha aportación no excederá la totalidad de la tarifa que le corresponda pagar a cualquier pensionado.

 

(b)               A partir del año fiscal 2014-2015 y cada año fiscal subsiguiente, el Sistema recibirá del Fondo General una aportación igual a mil seiscientos setenta y cinco dólares con cero centavos ($1,675.00) por pensionado, sin importar si el pensionado se retiró antes o después del 1 de agosto de 2014, para pagar estos beneficios adicionales y solventar el Sistema.

 

CAPÍTULO 5.- PROGRAMA DE APORTACIONES DEFINIDAS

 

Artículo 5.1 Creación del Programa de Aportaciones Definidas.

 

(a)               Creación del Programa.- Se crea un Programa de Aportaciones Definidas el cual consiste en el establecimiento de una cuenta individual para cada participante del Sistema que pasa a formar parte de dicho programa, según dispuesto en este Capítulo.  Se acreditarán a las cuentas individuales las aportaciones al Programa de Aportaciones Definidas de cada participante y la rentabilidad de inversión de conformidad con el Artículo 5.8 de esta Ley.  El beneficio que se le proveerá a cada participante luego de su separación del servicio, ya sea por jubilación o por otra causa, dependerá de la totalidad de las aportaciones al Programa de Aportaciones Definidas acumuladas en su cuenta a partir del 1ro de agosto de 2014 o la fecha en que el participante ingresó al Programa de Aportaciones Definidas, la rentabilidad de éstas y la pensión que se otorga a base de éstas, de acuerdo con el Artículo 5.10 de esta Ley.

 

(b)               Participantes del Programa.- Las siguientes personas participarán en el Programa de Aportaciones Definidas:

 

(1)               Todo participante que sea parte de la matrícula del Sistema al 31 de julio de 2014.

 

(2)               Todo nuevo participante que ingrese al Sistema por primera vez en o después del 1ro de agosto de 2014.

 

Artículo 5.2-Transferencia al Programa.

 

A partir del 1ro de agosto de 2014, todos los participantes activos que son parte de la matrícula del Sistema, independientemente de la fecha de su primer nombramiento original, pasarán a formar parte del Programa de Aportaciones Definidas.

 

Artículo 5.3-Beneficios Acumulados

 

(a)               Al entrar en vigor esta Ley, se preservarán los beneficios de retiro acumulados de los participantes del Sistema que comenzaron a trabajar antes del 1ro de agosto del 2014, basado en los años de servicio acumulados y el salario promedio hasta esa fecha. Dichos beneficios acumulados se calcularán de acuerdo con el Capítulo 4 de esta ley.

 

(b)               Aquellos participantes que al 31 de julio de 2014 tenían derecho a retirarse y recibir algún tipo de pensión bajo esta Ley, por haber cumplido con los requisitos de años de servicio y edad aquí dispuestos, podrán retirarse en cualquier fecha posterior y tendrán derecho a recibir la pensión que le corresponda, calculada bajo el Artículo 4.4 de esta Ley basado en  los salarios y años de servicios acumulados hasta el 31 de julio de 2014, sumada a la cantidad que tuvieran derecho a recibir bajo el Programa de Aportaciones Definidas. 

 

(c)                A partir del 1ro de agosto de 2014, el participante no acumulará años de servicio adicionales para propósitos de determinar el salario promedio y computar una pensión bajo el Programa de Beneficios Definidos. El participante no recibirá reconocimiento por servicios no cotizados, ni podrá transferir aportaciones o devolver aportaciones sobre periodos trabajados antes del 31 de julio de 2014, excepto por aquellas excepciones expresamente establecidas en esta ley.

 

Artículo 5.4.-Establecimiento de Cuentas de Aportaciones para el Programa de Aportaciones Definidas.

 

(a)               El Sistema, con las aportaciones individuales de cada participante al Programa de Aportaciones Definidas, establecerá y mantendrá una cuenta individual para cada participante, la cual será acreditada y debitada de conformidad con este Capítulo.

 

(b)               En el caso de los participantes del Sistema que comenzaron a trabajar antes del 1ro de agosto de 2014, su cuenta se nutrirá de las aportaciones que se realicen a partir del 1ro de agosto de 2014.  Las aportaciones individuales que se realizaron antes del 1ro de agosto de 2014 serán utilizadas para el pago de la pensión provista por el Artículo 4.4 de esta Ley.

 

(c)                A partir de la fecha en que se establezca la Cuenta de Aportación Definida para cada participante, este siempre tendrá derecho al cien por ciento (100%) del balance inicial de transferencia, si alguno, y de sus aportaciones posteriores a esta Ley.

 

Artículo 5.5.-Aportaciones de los Participantes del Programa de Aportaciones Definidas.

 

(a)               A partir del 1ro de agosto de 2014, todo participante activo en el Sistema tendrá que aportar compulsoriamente a su Cuenta de Aportaciones Definidas el diez por ciento (10%) de su salario mensual. El por ciento de aportación compulsoria del salario mensual de todo participante será revisado (i) para el Año Fiscal 2017-2018, a ochenta y dos por ciento (82%) de la aportación patronal máxima establecida bajo el Artículo 4.3(b) de esta Ley para dicho año fiscal y (ii) para el Año Fiscal 2020-2021, a setenta y un por ciento (71%) de la aportación patronal máxima establecida bajo el Artículo 4.3(b) de esta Ley para dicho año fiscal. 

 

(b)               Se podrá dejar sin efecto la revisión establecida en el Artículo 5.5(a) para los años fiscales 2017-2018 y/o 2020-2021, si el Actuario certifica al comienzo del año fiscal correspondiente que dicha revisión no es necesaria para paliar el déficit actuarial del Sistema de Retiro.

 

(c)                Un participante que desee aportar a su Cuenta de Aportaciones Definidas un por ciento mayor al establecido en el inciso (a) de este Artículo, podrá hacerlo solicitando por escrito al Director Ejecutivo una retención mayor a su salario.

 

Artículo 5.6.- Aportaciones del Patrono.

 

A partir del 1ro de agosto de 2014, todo patrono aportará al Fondo lo establecido en el Artículo 4.3 de esta Ley con respecto a cada participante existente o que ingrese por primera vez al Sistema a partir de esa fecha.

 

Artículo 5.7.-Obligaciones del Patrono, Sanciones.

 

               (a)                        Todo patrono de un participante del Programa de Aportaciones Definidas tendrá las siguientes obligaciones:

 

(1)               Obligación de Deducir y Retener las Aportaciones de los Participantes del Programa de Aportaciones Definidas y de Remitir las Aportaciones de los Participantes y del Patrono al Sistema.- Todo patrono de un participante del Programa de Aportaciones Definidas deberá deducir y retener del salario del participante las aportaciones que dispone el Artículo 5.5.  Se autoriza al Secretario de Hacienda o a cualquier oficial pagador del patrono, a realizar los descuentos aunque el salario que hubiere que pagarse al participante como resultado de estos descuentos quede reducido a menos de cualquier mínimo prescrito por ley.  Las aportaciones de los participantes del Programa de Aportaciones Definidas deberán ser remitidas por el patrono al Sistema, conjuntamente con las aportaciones patronales que viene obligado a hacer según dispone el Artículo 5.6, en o antes del decimoquinto (15to.) día del mes siguiente de la fecha en que se hizo la retención.  El Director Ejecutivo establecerá la forma y manera en que se remitirán las aportaciones.

 

(2)               Responsabilidad por las Aportaciones.- Todo patrono está obligado a remitir al Sistema sus aportaciones y las que haya deducido y retenido de los participantes, según dispone este Capítulo. El patrono será responsable del pago total de dichas aportaciones al Sistema.  Si el patrono dejare de hacer las deducciones o retenciones o remitir las aportaciones, las sumas que debió deducir y retener y las aportaciones no pagadas serán cobradas al patrono por el Director Ejecutivo.

 

(3)               Intereses sobre Aportaciones Adeudadas.- Todo patrono que no remita sus aportaciones y la de los participantes del Programa de Aportaciones Definidas dentro del término establecido será responsable al Sistema del pago de intereses al tipo que la Junta determine sobre la aportación adeudada desde el día en que la aportación debió ser remitida al Sistema hasta el día en que la aportación se remita. Los intereses adeudados por un patrono serán cobrados por el Director Ejecutivo.

 

(b)               Acreditación de Rentabilidad de Inversión.- Si un patrono no remite las aportaciones de los participantes del Programa de Aportaciones Definidas dentro del término de tiempo establecido, el Director Ejecutivo acreditará a la cuenta de los participantes del Programa de Aportaciones Definidas afectados la rentabilidad de inversión de conformidad con el Artículo 5.8 de este Capítulo a partir de la fecha límite en que el patrono tenía que remitir las aportaciones.

 

Artículo 5.8.-Créditos a la Cuenta de Aportaciones Definidas, Rentabilidad de Inversión y Derechos sobre la Cuenta de Aportaciones Definidas.

 

(a)               Créditos.- El Director Ejecutivo acreditará a la Cuenta de Aportaciones Definidas de cada participante del Programa de Aportaciones Definidas las siguientes partidas:

 

(1)               Aportación Individual del Participante.- Las aportaciones individuales hechas por el participante del Programa de Aportaciones Definidas, según requiere esta Ley, se acreditarán una vez sean remitidas por el patrono al Sistema.

 

(2)               Rentabilidad de Inversión.- Se acreditará una rentabilidad de inversión al cierre de cada semestre de cada año económico.  La rentabilidad de inversión se computará el último día de negocios de cada semestre del año económico sobre el promedio mensual del balance en la cuenta de aportaciones definidas del participante del Programa de Aportaciones Definidas, durante el semestre en cuestión.  La rentabilidad de la inversión será determinada por la Junta y nunca será menor al 80% del rendimiento de la cartera de inversión del Sistema durante cada semestre de cada año económico neto de los gastos de manejo (“management fees”) tales como, pero sin limitarse a, los honorarios pagaderos a los administradores de la cartera, custodia de valores y consultoría de inversiones.

 

(b)               Derechos Sobre la Cuenta de Aportaciones Definidas.- Los participantes del Programa de Aportaciones Definidas siempre tendrán derecho al cien por ciento (100%) del balance de sus aportaciones realizadas a la Cuenta de Aportaciones Definidas.

 

Artículo 5.9.-Débitos a la Cuenta de Aportaciones Definidas.

 

El Director Ejecutivo debitará de la Cuenta de Aportaciones Definidas que se establezca para cada participante del Programa de Aportaciones Definidas aquellas sumas utilizadas para el pago de beneficios o para hacer una distribución global conforme  los Artículos 5.10 y 5.11 de este Capítulo.  Una vez se distribuya el balance total de la cuenta de aportaciones definidas, la cuenta cesará de existir. 

 

Artículo 5.10.-Beneficios a la Separación del Servicio.

 

(a)               Beneficio de Retiro.- Al separarse permanentemente del servicio, cuando la separación no sea por causa de muerte o incapacidad total y permanente, el balance en la Cuenta de Aportaciones Definidas del participante le será distribuido al participante si el participante cumple con cualquiera de los siguientes requisitos: (i) ha cotizado menos de cinco (5) años de servicio o (ii) tiene acumulado en el Sistema una cantidad menor de diez mil dólares ($10,000).

 

(b)               Fecha de otorgación del Contrato de Pensión y Comienzo de la Distribución.- En aquellos casos en que el participante (i) se separe permanentemente del servicio después de haber cotizado cinco (5) años o más de servicio y, (ii) haya acumulado en el Sistema una cantidad igual o mayor a diez mil dólares ($10,000), tendrá derecho a una pensión calculada a base del balance de su Cuenta de Aportaciones Definidas de acuerdo con el inciso (c) de este Artículo.  La edad a partir de la cual podrá comenzar a recibir esa anualidad, proveyéndose que se separe permanentemente del servicio, será la establecida en el Artículo 3.9 de esta Ley. De separarse del servicio antes de lo establecido en el Artículo 3.9 de esta Ley como edad de retiro, la pensión a la que tiene derecho se considerará diferida hasta tanto cumpla la edad de retiro requerida.

 

(c)                La pensión de cada participante será calculada al retirarse de la siguiente manera: se dividirá (i) el balance acumulado de sus aportaciones en la Cuenta de Aportaciones Definidas a la fecha de retiro por (ii) un factor, establecido por la Junta en consulta con sus actuarios y determinado a base de la expectativa de vida actuarial del participante y una tasa de interés particular.

 

Artículo 5.11.-Beneficios  por Muerte, Incapacidad o Enfermedad Terminal.

 

(a)               Muerte de Participante en Servicio Activo.-A la muerte de un participante que esté prestando servicios, y que tuviere aportaciones acumuladas en el Programa de Aportaciones Definidas, sus aportaciones serán reembolsadas a la persona o personas que el participante hubiere designado por orden escrita debidamente reconocida y presentada ante el Director Ejecutivo, o por sus herederos, si tal designación no hubiere sido hecha.  El reembolso será equivalente al importe de las aportaciones y réditos de la inversión hasta la fecha de la muerte del participante.  El Director Ejecutivo cobrará de las aportaciones cualquier deuda que tenga el participante con el Sistema.

 

(b)               Separación del Servicio por Razón de Incapacidad o Enfermedad Terminal.- Todo participante que ingresó al Sistema a partir del 1ro de agosto de 2014, que se incapacite después de haber servido cinco (5) años, ya sea como consecuencia del trabajo o cuando la incapacidad no tenga relación con su trabajo, el Sistema le concederá una pensión por incapacidad calculada a base de sus aportaciones individuales, conforme se determine mediante reglamento del Sistema.

 

(c)                Muerte de un Pensionado.- 

 

(1)               Reembolso de aportaciones individuales: En aquellos casos en que fallezca un pensionado sin antes haber agotado el balance de todas sus aportaciones individuales hechas al Programa de Aportaciones Definidas previo al momento de comenzar a recibir la pensión, sus beneficiarios designados ante el Sistema o los herederos del participante en caso de no existir beneficiario designado tendrán dos opciones: (i) continuarán recibiendo los pagos mensuales de la pensión hasta que se agote dicho balance de las aportaciones realizadas por el pensionado mientras estuvo en servicio activo, o (ii) podrán solicitar por escrito al Director Ejecutivo el desembolso de dicho balance en un pago global, sujeto a cualquier deducción correspondiente por ley. Si al momento del fallecimiento del pensionado, las aportaciones realizadas por dicho pensionado al Programa de Aportaciones Definidas previo al momento de comenzar a recibir la pensión, hubiesen sido agotadas por el pensionado mediante los pagos mensuales de pensión ya recibidos, se descontinuarán los pagos mensuales y sus beneficiarios y/o herederos no tendrán derecho a recibir pagos adicionales.

 

(2)               Pensión por traspaso:

 

                                                                    i.                        Los participantes del Programa de Aportaciones Definidas podrán elegir, al retirarse, recibir una pensión por retiro menor de la que tienen derecho, y proveer con la diferencia, según se determinare actuarialmente, una o más pensiones a favor de sus dependientes, cuyos nombres aparecerán en una orden escrita radicada con el Director Ejecutivo. Este privilegio se concederá siempre que el participante se someta a examen médico y llene los requisitos de salud que establecerá la Junta en sus reglamentos y siempre que quede probado, a satisfacción del Director Ejecutivo, que las personas designadas para recibir la pensión por traspaso son dependientes del participante, y siempre que ninguna pensión por traspaso que resultare del ejercicio de este privilegio fuere menor de doscientos cuarenta dólares ($240) al año, y que el monto de dicha pensión por traspaso no exceda del monto de la pensión por retiro reducida, que tenga derecho el participante, de acuerdo con su opción.

 

                                                                 ii.                        El Director Ejecutivo determinará el monto de las pensiones por traspaso de acuerdo con la orden escrita del participante. Toda pensión por traspaso comenzará a percibirse a partir del día siguiente al fallecimiento del participante. Si una (1) o más de las personas designadas como beneficiarios no sobreviviere al participante, no será pagadera la correspondiente pensión por traspaso. Una vez que la pensión por retiro haya sido concedida, esté vigente y sea pagadera, el Director Ejecutivo no permitirá cambio alguno en la orden escrita radicada en el Sistema; salvo que si el participante falleciere dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de su retiro, se considerará que el participante ha fallecido en servicio activo.

 

                                                               iii.                        Las pensiones concedidas bajo este inciso tendrán carácter vitalicio y serán pagaderas en plazos mensuales, y éstas no podrán aumentarse, disminuirse, revocarse o derogarse, salvo cuando hubiesen sido concedidas por error, o cuando en forma explícita se disponga de otro modo.  El primer pago de una pensión se hará por la fracción de mes que transcurra hasta la terminación del primer mes; y el último pago se hará hasta el final del mes en que sobreviniere la muerte del beneficiario.

 

Artículo 5.12.- Aplicabilidad de la Ley Uniforme de Valores.

 

El interés de cualquier participante en el Programa de Aportaciones Definidas no constituirá un valor para propósitos de la Ley Núm. 60 de 18 de junio de 1963, según enmendada, conocida como la Ley Uniforme de Valores.

 

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES Y PRÉSTAMOS

 

Artículo 6.1.-Inversión de fondos; reglas y procedimientos.

 

(a)               El Sistema invertirá sus fondos de acuerdo a las disposiciones establecidas en esta Ley y a las reglas, procedimientos y reglamentos que la Junta de Síndicos establezca mediante reglamento.

 

(b)               Los reglamentos,  reglas y procedimientos aprobados se ceñirán a todas las restricciones establecidas en las Guías de inversión para planes de retiro gubernamentales promulgadas por el Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico.

 

(c)                La Junta de Síndicos adoptará las políticas para la administración de las inversiones autorizadas por las disposiciones de esta Ley. La política de inversiones deberá incluir, sin que se entienda como una limitación, lo siguiente:

 

                                                  i.                  Los criterios, requisitos y condiciones para la selección, contratación y evaluación de las ejecutorias de los manejadores de inversiones y bancos custodios que deberá contratar para realizar las inversiones autorizadas por las disposiciones de esta Ley.

 

                                               ii.                  La política para inversión de los recursos del Sistema en los mercados de capital.

 

                                             iii.                  Las normas para la administración, arrendamiento, venta, gravamen o ejecución de bienes inmuebles adquiridos para  generar ingresos.

 

                                             iv.                  Disposiciones relacionadas a ordenar investigaciones actuariales para determinar la solvencia económica del Fondo, adoptar las normas que fueren necesarias para garantizar el pago de las pensiones concedidas y aprobar las tablas de mortalidad apropiadas para la valoración actuarial de todas las pensiones y los demás beneficios concedidos por las disposiciones de esta Ley.

 

Artículo 6.2.-Tipos de inversiones autorizadas.

 

(a)               El Sistema estará autorizado a invertir todos los recursos disponibles que no se requieran para su operación corriente en los valores que establezcan las Guías de Inversión promulgadas por el Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico y las Guías de Inversión establecidas y aprobadas por el Sistema.

 

(b)               Las inversiones que se efectúen bajo las disposiciones de esta Ley serán llevadas a cabo con la previsión, cuidado y bajo los criterios que las personas prudentes, razonables y experimentadas ejercerán en el manejo de sus propios asuntos con fines de inversión y no con fines especulativos, considerando, además, el balance que debe existir entre las expectativas de rendimiento y riesgo.

 

Artículo 6.3.-Naturaleza de préstamos a participantes del Sistema; documentos, exentos.

 

(a)               Los fondos del Sistema podrán ser invertidos, conforme a la reglamentación vigente, en la concesión a los participantes de:

 

(1)               préstamos con garantía de aportaciones;

 

(2)               préstamos extraordinarios;

 

(3)               préstamos hipotecarios. Todo documento sobre contratación o garantía de préstamos hipotecarios, renovaciones y cancelaciones de hipoteca, así como la inscripción, anotación o cualquier transacción con relación a dicho documento, en que sea parte el Sistema y sea otorgado ante un notario, estará exento del pago de toda clase de derechos, contribuciones e impuestos.

 

(4)               préstamos a participantes transitorios provisionales y transitorios elegibles, a un interés que determinará la Junta de Síndicos en su reglamento general.

 

(5)               Cualquier otro tipo de préstamo o crédito que la Junta de Síndicos del Sistema considere beneficioso o necesario para sus participantes.

 

(6)               Préstamo de Viaje Cultural- Se autoriza a la Junta de Síndicos a invertir parte de las reservas disponibles para facilitar la concesión de préstamos a participantes del Sistema para hacer viajes culturales, sujeto a la reglamentación que adopte el Sistema. El Sistema determinará de tiempo en tiempo la cantidad de fondos a dedicarse a esta clase de inversiones. También determinará mediante reglamento las condiciones y procedimientos pertinentes para la concesión de los préstamos autorizados por las disposiciones de esta Ley. Los pagos para amortizar estos préstamos se descontarán mensualmente del salario del participante del Sistema. El Gobierno pagará al Sistema un cincuenta (50) por ciento de los intereses correspondientes al préstamo que haga el participante para participar en estos viajes. Si el participante renunciare a la posición que ocupa dentro de dieciocho (18) meses de haber recibido el préstamo, tendrá que reembolsarle al Gobierno los intereses pagados sobre su préstamo. Anualmente se consignará en el Presupuesto del Estado Libre Asociado de Puerto Rico la cantidad de dinero que se estime necesaria para estos propósitos.

 

Artículo 6.4.-Descuentos por préstamos e intereses.

 

Los descuentos hechos en el salario del participante para el pago de préstamos concedidos y los intereses descontados por adelantado, serán ingresados por el Secretario de Hacienda en el Fondo simultáneamente con el pago de la nómina.

 

Artículo 6.5.-Facultad para reglamentar procedimientos de préstamos.

 

El Sistema aprobará los reglamentos que estime convenientes y necesarios para regular la concesión de tales préstamos.

 

CAPÍTULO 7.-DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS

 

Artículo 7.1.-Asignaciones ordinarias y especiales.

 

(a)               Con el propósito de solventar el déficit de flujo de caja del Sistema, cada año fiscal, comenzando desde el año fiscal 2016-2017, hasta el año fiscal 2041-2042, el Sistema recibirá la Aportación Uniforme para la Justicia Magisterial. Además, a partir del año fiscal 2018-2019 y hasta el año fiscal 2041-2042, el Sistema recibirá la Aportación Adicional Anual, según definida en el Artículo 1.1 de esta Ley.

 

(b)               Para cada año fiscal aplicable, el Sistema determinará la porción de la Aportación Adicional Anual correspondiente a cada patrono participante  a base del por ciento del total de aportaciones patronales correspondientes a dicho patrono para el año fiscal en curso y enviará al Director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto una Certificación del monto correspondiente a dicho patrono.

 

(c)                Los recursos para cubrir tanto la Aportación Uniforme para la Justicia Magisterial, como la Aportación Adicional Anual serán consignados por la Oficina de Gerencia y Presupuesto en el Presupuesto General Recomendado del Gobierno.

 

(d)              El Sistema será responsable de la asignación ordinaria de la aportación patronal según dispuesta en esta Ley de los empleados del Sistema que se beneficien de esta Ley.

 

Artículo 7.2.-Obligaciones del Sistema, del Maestro y del Patrono para la agilidad de los procesos.

 

(a)               El Sistema tramitará la solicitud de retiro dentro de los treinta (30) días siguientes de haber recibido la Certificación sobre aceptación de renuncia con toda la documentación correspondiente requerida.

 

(b)               El patrono vendrá obligado a someter al Sistema toda la documentación requerida dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de solicitud de los beneficios de pensión o liquidación de fondos.

 

(c)        En caso de que el maestro del salón de clases y los directores escolares interesen jubilarse durante el curso escolar del sistema público, deberán notificar su renuncia al Departamento de Educación con ciento veinte (120) días antes del inicio del semestre escolar durante el cual planifican acogerse a los beneficios de retiro.  Si no se cumpliera con esta notificación por parte del maestro del salón de clases o directores escolares, el participante no podrá jubilarse durante el semestre escolar y tendrá que hacerlo al finalizar el mismo, sujeto al cumplimiento de las siguientes disposiciones:

 

(1)               En el semestre escolar con inicio en el mes de enero del año en curso: el maestro o director escolar deberá radicar en el Sistema, en o antes del 31 de enero del año escolar una Solicitud de Certificación de Años de Servicios Cotizados  en el servicio público para poder acogerse a los beneficios de pensión al finalizar el semestre de enero a mayo.

 

(2)               El Sistema deberá contestar la solicitud  en o antes del 31 de marzo del año en curso para que el maestro o el director  procedan con la radicación de su  carta de renuncia ante el Departamento de Educación. La renuncia deberá ser sometida  antes del 31 de mayo del mismo año para ser efectiva al 30 de junio del año en curso. 

 

(3)               En el semestre escolar que comienza durante el mes de agosto del año en curso,  el maestro o el director escolar deberá radicar ante el Sistema, en o antes del 30 de junio del año en curso, una solicitud de Certificación de Años de Servicios Cotizados en el servicio público para poder acogerse a los beneficios de pensión al finalizar el semestre de agosto a diciembre. 

 

(4)               El Sistema deberá contestar la solicitud en o antes del 30 de agosto del año en curso para que el maestro o director escolar procedan con la radicación de su carta de renuncia ante el Departamento de Educación.  La renuncia deberá ser sometida antes del 31 de octubre para ser efectiva el 31 de diciembre del año en curso. 

 

(d)       El Sistema notificará al Departamento de Educación del recibo de cualquier solicitud de retiro.  De igual forma, e independientemente de que el Sistema notifique al Departamento, el participante interesado en acogerse a los beneficios de retiro deberá notificar al Departamento de su solicitud de retiro al presentar la misma.

 

(e)        Estas disposiciones no serán de aplicación para aquellos maestros o directores escolares dentro del Departamento de Educación que sufran de una enfermedad o circunstancias imprevistas o extraordinarias que les impidan continuar trabajando en el salón de clases o en la escuela.

 

(f)        Si el Sistema incumple la obligación establecida en el inciso (a) de este Artículo, advendrá responsable del pago al participante de una cantidad equivalente a un mes del salario que recibía este a la fecha de la solicitud de retiro, excepto en situaciones de fuerza mayor, ajenas a los trámites administrativos. Dicha penalidad será a solicitud del maestro. Si es el patrono quien incumple la obligación establecida en el inciso (b) de este Artículo, advendría responsable del pago al participante de una cantidad equivalente a un mes del salario que recibía este a la fecha de la solicitud de los beneficios de la pensión o de la liquidación de los fondos.

 

Artículo 7.3.-Pérdida de Beneficios por actos de corrupción.

 

(a)               Todo participante del Sistema que realice y sea convicto en un tribunal de justicia de Puerto Rico, o de cualquier otra jurisdicción estatal o federal, de actos constitutivos de fraude, extorsión, aceptación de soborno, apropiación ilegal, además de cualquiera otros delitos contenidos en el Código Penal o leyes especiales que involucre el uso de fondos públicos para beneficio propio o de otra persona o entidad, perderá todos sus beneficios bajo el Sistema. 

(b)               En tal eventualidad, el Sistema le devolverá al participante el balance de todas las aportaciones individuales acumuladas y no disfrutadas con que haya contribuido al Sistema, cobrando primero cualquier deuda, si alguna, contraída con el mismo.

 

Artículo 7.4.-Penalidades.

 

(a)               Cualquier persona que indebidamente cobre un cheque expedido a un participante activo o pensionado, o que a sabiendas hiciere alguna declaración falsa, o falsificare o permitiere falsificar cualquier registro o documento de este Sistema, con la intención de defraudar al mismo, será culpable de un delito menos grave, y estará sujeto a una multa de quinientos ($500) dólares, o en su defecto con cárcel por un período no mayor de dos (2) años, o ambas penas a discreción del tribunal.

 

(b)               El Sistema tendrá derecho a recobrar cualesquiera pagos erróneos o indebidamente hechos con anterioridad o posterioridad a la vigencia de esta Ley. El Sistema determinará la forma y las condiciones bajo las cuales se recobrarán las cantidades así pagadas.

 

Artículo 7.5- Programa de Orientaciones Pre-Retiro

 

(a)               Cónsono con la política pública del Gobierno de orientar a todos los servidores públicos previo a su retiro, el Sistema establecerá un “Programa de Orientaciones Pre-Retiro a los Trabajadores de la Educación”.

 

(b)               El Director Ejecutivo tendrá la responsabilidad del funcionamiento y contenido adecuado del Programa y coordinará, según lo entienda o estime adecuado, las orientaciones con las dependencias del Departamento de Educación y aquellas entidades que empleen personal que sea miembro del Sistema.

 

(c)                Como parte del Programa de Orientaciones Pre-Retiro de los participantes, el Sistema promoverá la participación en actividades de servicio comunitario, ofrecerá orientación sobre el tipo de trabajo voluntario que pueden ofrecer los participantes, los beneficios para la salud de los participantes y la aportación social, así como la lista de las organizaciones comunitarias donde puedan ofrecer los servicios comunitarios, según establecidas en el Registro de Organizaciones de Servicio Comunitario adscrito a la Comisión Especial Conjunta Sobre Donativos Legislativos de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico. 

 

(d)              Cada patrono consignará los recursos necesarios dentro de su presupuesto anual, para sufragar los recursos, gastos de facilidades físicas, alimentos y otros costos relacionados en que incurra el Sistema en las orientaciones a los participantes.  El patrono remitirá el pago no más tarde del día quince (15) del mes siguiente en que se emita la factura.

 

Sección 2.-Derogación de Leyes Vigentes.

 

(a)               Se deroga la Ley 91-2004, según enmendada, conocida como la “Ley del Sistema de Retiro para Maestros del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”.

 

(b)               Se deroga la Ley 38-2001, según enmendada, conocida como la “Ley de Bono de Verano”.

 

(c)                Se deroga la Ley 162-2003, según enmendada, conocida como la “Ley de Bono de Medicamentos”.

 

(d)              Se deroga la Ley Núm. 49 de 23 de mayo de 1980, según enmendada, conocida como la “Ley de Aguinaldo de Navidad para los Maestros Jubilados”.

 

Sección 3.-Cláusula de Separabilidad.

 

Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, artículo, disposición, sección, inciso o parte de esta Ley fuere declarada inconstitucional por un tribunal competente, la sentencia a tal efecto dictada no afectará, perjudicará ni invalidará el resto de esta Ley. El efecto de dicha sentencia quedará limitado a la cláusula, párrafo, subpárrafo, artículo, disposición, sección, inciso o parte de la misma que así hubiere sido declarada inconstitucional.

 

Sección 4.–Disposiciones Transitorias.

 

(a)               Las disposiciones del Artículo 7.3 de esta Ley serán puestas en suspenso y las obligaciones del Sistema, del Participante y del Patrono allí dispuestas serán establecidas por el Director Ejecutivo mediante disposición administrativa dentro de los quince (15) días siguientes a la aprobación de esta Ley. En dicha disposición administrativa el Director Ejecutivo establecerá la fecha en que se reanudará la efectividad de las disposiciones del Artículo 7.3.  Disponiéndose, que aquellos participantes en el servicio activo que en o antes del 31 de julio de 2014 cumplan con los requisitos para recibir una pensión bajo el Artículo 4.4 de esta Ley y deseen retirarse a esa fecha para poder disfrutar de los beneficios dispuestos por el Artículo 4.9 de esta Ley, estarán obligados a notificar su renuncia al Departamento de Educación con copia al Sistema de Retiro de Maestros en o antes del 15 de febrero de 2014 o, de esta ley aprobarse en una fecha posterior al 1ro de febrero de 2014, dentro de quince (15) días laborables a partir de la fecha de aprobación de esta ley. El Secretario de Educación, y a solicitud del participante, dejará sin efecto la renuncia presentada si, en o antes del 30 de junio de 2014, el participante sometiere evidencia de una determinación de no elegibilidad a la pensión solicitada emitida por el Sistema de Maestros.  La Oficina de Gerencia y Presupuesto, en consulta con el Departamento de Educación, podrá prorrogar la fecha límite para notificar la renuncia, hasta la fecha que estime pertinente, pero no más tarde del 30 de junio de 2014.  

 

(b)               Se le ordena al Sistema, al Banco Gubernamental de Fomento, al Departamento de Educación y la Oficina de Gerencia y Presupuesto llevar a cabo las conversaciones y acuerdos necesarios con la Oficina del Seguro Social, a los efectos de que los maestros que ingresen al Sistema en o después del 1ro de agosto de 2014 puedan cotizar al Seguro Social. Dichos acuerdos pueden ser extensivos a los participantes que estaban activos al 31 de julio de 2014. El Sistema de Retiro y el Departamento de Educación establecerán mediante Reglamento los parámetros a seguir en la implantación de estas disposiciones.

 

Sección 5.–Vigencia.

 

Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.



[1]El déficit actuarial se refiere a la proporción de activos netos con los que cuenta el Sistema en comparación con las obligaciones que tiene que pagar, si hubiese que pagar las pensiones de todos los maestros participantes en un momento determinado.

[2] Contribución Actuarial Recomendada (“ARC” según sus siglas en inglés). Según los informes actuariales al 30 de junio de 2012, el ARC para el Sistema de Maestros es de $736.6 millones. El cálculo del ARC toma en consideración una tasa anual de rendimiento de inversión estable de 5.95%.

[3] Los maestros y maestras no cotizan al Sistema de Seguro Social, pues al momento en que se extendió la cobertura del Sistema de Seguro Social a los empleados del Gobierno Central mediante un acuerdo con la Oficina del Seguro Social, el 1 de julio de 1952, dicha cubierta estaba limitada solamente a los empleados que no estuviesen ya cubiertos por un sistema de retiro.  Dado el hecho que el Sistema de Retiro de Maestros cubre a los maestros desde al menos el año 1917, estos no fueron cubiertos por dicho acuerdo, y hasta el día de hoy no se ha concretado el que puedan aportar a dicho sistema.  No obstante, esta legislación obliga al Sistema, al Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico, al Departamento de Educación y a la Oficina de Gerencia y Presupuesto a llevar a cabo las conversaciones y acuerdos necesarios con la Oficina del Seguro Social, a los efectos de que los maestros que ingresen al Sistema en o después del 1ro de agosto de 2014 coticen al Seguro Social. Dichos acuerdos pueden ser extensivos a los participantes que estaban activos al 31 de julio de 2014.

[4]Cabe destacar que dicha aportación patronal recomendada por los actuarios no era una obligación legal del Estado; el Estado cumplió con lo que era la aportación patronal establecida por ley, la cual era menor a la recomendada.

[5] La diferencia entre el ARC y la Contribución Actual según el “Puerto Rico Teachers Retirement System, June 30, 2012 Actuarial Valuation Report”.

[6] Esto asume una base de recaudos en el Fondo General constante con la cantidad de recaudos para el Año Fiscal 2012-2013 ($8,500 millones).